EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ Y EL PLAN COLOMBIA: PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS NUEVAS FRONTERAS GEOPOLÍTICAS DEL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA).
Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios,
Coordinador General,
Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras,
Dirección de Etnología y Antropología Social,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Ponencia presentada en el III Congreso Europeo de Latinoamericanistas “Cruzando Fronteras en América Latina”, organizado por la Asociación Holandesa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (NALACS), y celebrada en la Ciudad de Ámsterdam, Holanda, del 3 al 6 de julio de 2002.
RESUMEN
El Plan Puebla Panamá es la estrategia del régimen foxista, con el aval de los Estados Unidos, para integrar completamente a la región sur-sureste de México y el istmo centroamericano en la dinámica del neoliberalismo, es decir del libre comercio, con el objetivo de aprovechar los recursos naturales y energéticos, así como la mano de obra barata de la región, y construir un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En el caso del Plan Colombia, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos busca impulsar la lucha contrainsurgente y establecer un control sobre la región andina -que incluye a varios países-, a donde se ha extendido la influencia de dicho Plan, y que son la puerta de entrada al Amazonas.
Al establecer el control del Istmo centroamericano (principalmente desde el Istmo de Tehuantepec) por un lado, y el control sobre la región andina, por el otro, Estados Unidos establecerá las nuevas fronteras geopolíticas del Área de Libre Comercio de las Américas.
INTRODUCCIÓN.
El objetivo de esta ponencia es analizar algunas cuestiones que apuntan en la reconfiguración de las fronteras regionales de América del Norte y América del Sur, bajo la hegemonía estadounidense, mediante el establecimiento de planes estratégicos para el control de áreas geográficas claves y que abarcan, por un lado, todo el Istmo centroamericano y el sur–sureste de México, mediante el llamado Plan Puebla-Panamá (PPP); y, por el otro, la región andina a partir del llamado Plan Colombia, que se extenderá a la denominada Iniciativa Regional Andina.
La hipótesis de trabajo de la cual partimos para este análisis, es que una de las principales estrategias para establecer este control hegemónico es el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones de las zonas consideradas más importantes para el desarrollo de grandes proyectos geoeconómicos por parte de los grandes capitales transnacionales, y que han estado ocupadas por comunidades campesinas (indígenas y mestizos) y grupos armados (insurgentes y narcotraficantes) durante mucho tiempo.
En el caso de la región sur-sureste de México, considerada dentro del PPP, actualmente hay planes en marcha (bajo el pretexto de erradicar el crimen de áreas naturales, ya que si no se recuperan esas regiones de alta ingobernabilidad no llegará inversión privada, según altos funcionarios del gobierno mexicano) para tratar de desplazar a las comunidades indígenas asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en Chiapas, muchas de ellas consideradas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y a las comunidades indígenas asentadas en la región de los Chimalapas, en la Selva Zoque, ubicada en los linderos de Chiapas y Oaxaca (la cual trata de ser arrancada de manos de los indígenas para decretarla como reserva de la biosfera). Ambas zonas son consideradas entre las más ricas del mundo en biodiversidad, importantísimas para el establecimiento de bancos genéticos. Además, bajo la reserva de Montes Azules se encuentra un gran depósito de hidrocarburos.
En esta región del PPP también se busca desplazar a una gran cantidad de comunidades por la construcción de represas, para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y el aprovechamiento del agua dulce de las cuencas hidrológicas. Además, se considera el desplazamiento de comunidades y poblaciones dispersas para concentrarlas en zonas más adecuadas (dotadas de infraestructura) para su aprovechamiento como mano de obra barata en industrias maquiladoras, grandes plantaciones, agroindustrias, embotelladoras y otros proyectos productivos.
Para el desplazamiento de estas comunidades se cuenta con el ejército y diversas policías, principalmente la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual está compuesta en su mayoría por militares “prestados” para esta fuerza. Además, los grupos paramilitares que actúan en Chiapas también tienen un papel importante que jugar en estos nuevos desplazamientos, como lo hicieron principalmente a partir de la matanza de Acteal en diciembre de 1997.
En los países centroamericanos (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá) encontramos la misma situación: construcción de represas, proyectos ecoturísticos, maquiladoras, plantaciones, y otros proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las corporaciones transnacionales (como la Coca-Cola) y los gobiernos.
Finalmente, el PPP es también un mecanismo para controlar y regular los flujos migratorios laborales evitando su paso por México hacia los Estados Unidos y redirigirlos hacia las zonas donde se requerirá mano de obra barata, lo que no quiere decir que los migrantes no seguirán intentando ir al “norte”, pero ahora en condiciones de mayor riesgo (Sandoval, 2001).
En el caso del Plan Colombia, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico y ahora también de lucha contrainsurgente, apoyadas por el gobierno estadounidense, el desplazamiento de comunidades de zonas estratégicas ha venido llevándose a cabo por medios violentos, mediante acciones de los llamados “Paras” (paramilitares) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero también por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas de ese país. El reciente rompimiento de pláticas de paz entre el gobierno y las FARC, ha llevado al primero a intentar forzar el desplazamiento de la guerrilla fuera de una zona de miles de hectáreas, las cuales habían sido puestas por el gobierno colombiano bajo el dominio guerrillero en lo que se llevaban a cabo las negociaciones para la paz, para establecer un control en esta región. Y es que, de acuerdo con Barry (2002), el presidente Bush esta armando tropas para proteger el petróleo en Colombia ya que “Vast untapped reserves lie on the Venezuelan border, a haven for rebels who frequently bomb pipelines. The region is a huge lure, as well as a jungle of potential conflict”.
Algunas comunidades desplazadas por las violentas acciones han llegado hasta las fronteras con otros países, y aún las han traspasado, como el caso reciente de más de 3 mil personas que llegaron al estado del Táchira, en Venezuela, donde otras tantas personas ya habían llegado hace unos dos años, obligando al gobierno venezolano a adoptar el estatuto de refugio y a establecer una oficina de ACNUR para la atención de tales personas, las cuales, sin embargo habían retornado a Colombia poco después (Flores, 2002).
Y es que este país, junto con los otros de la Iniciativa Regional Andina (Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), es la puerta de entrada al Amazonas, la región de mayor riqueza en biodiversidad del mundo.
Estableciendo el control hegemónico sobre la región del PPP y sobre Colombia y otros países andinos, Estados Unidos intenta reconfigurar las fronteras regionales de América del Norte y América del Sur, dentro de la perspectiva de la seguridad regional considerada por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuya fase final de integración se encuentra muy cerca, ya que la Cumbre de Ministros que se realizará en la Ciudad de Quito, Ecuador en el mes de octubre de este año, buscará amarrar todos los mecanismos para echar a andar dicho acuerdo comercial en todo el continente para el año de 2005.
2. EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ
El llamado Plan Puebla-Panamá (PPP) fue propuesto por Vicente Fox, siendo ya presidente electo, durante su gira a Centroamérica en septiembre del año 2000, planteando la idea de promover un plan regional de integración del sur y sureste de México con los países centroamericanos, cuyos gobernantes recibieron bien la propuesta.
En el mes de marzo de 2001, la Presidencia de la República da a conocer oficialmente el “Plan Puebla-Panamá”, cuyo objetivo fundamental “es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur Sureste de México y los países de Centroamérica”. Este objetivo contiene ocho objetivos básicos, el logro de los cuales tendría como consecuencia el global:
“- Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población;
- Lograr una mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo;
- Lograr un cambio estructural en la dinámica económica;
- Aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas;
- Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien remunerados;
- Alcanzar un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente;
- Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre la región Sur-Sureste de México y los países de Centroamérica;
- Modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la región”.
Se plantea que para promover la captación de inversiones, “el Plan incluye acciones de promoción nacional e internacional a partir de la identificación de proyectos de inversión que garanticen rentabilidad en el mediano y largo plazo, y una participación directa en una estrategia de desarrollo multisectorial.” Y dentro de estos proyectos se impulsaría el establecimiento de maquiladoras para diferentes sectores productivos.
“El Plan promoverá en particular la captación de inversiones en áreas de servicios e infraestructura regionales, tales como transportes, energía, telecomunicaciones e infraestructura hidroagrícola; áreas estratégicas para la planeación del territorio, como son desarrollo territorial y sustentatibilidad ambiental; así como en nichos regionales que impulsarán la dinámica económica regional: agricultura, agroindustria y biotecnología; textil; partes electrónicas; autopartes; petroquímica y, en particular, turismo sustentable.” (Ibid, p. 27).
El aprovechamiento cabal de las vocaciones y ventajas comparativas se refiere fundamentalmente a la explotación de los recursos naturales y a la mano de obra barata de la región:
”(…) el Plan considera importante y urgente instrumentar acciones que promuevan un ordenamiento territorial conducente a una explotación eficiente y sustentable de los recursos naturales y acciones que ayuden a frenar y revertir el proceso de dispersión y migración poblacional de los estados de la región, impulsando el desarrollo local y el mejoramiento de los servicios básicos y de las condiciones de vida de la población. Así, entre otros, el Plan propone construir una red de centros de integración rural, cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando una más eficiente organización territorial y una relación más equitativa de su entorno. Estos centros asumirían el rol de espacios de atracción de la población rural para contener los procesos de emigración y de dispersión poblacional; así, se constituirán también en factores de desarrollo productivo y sustentable de la región propiciando una mayor integración regional y de servicios. “ (Ibid, pp 32-33)
Por supuesto que esto se extendería a toda la región del Istmo centroamericano, para lo cual se plantea:
“Establecer una agenda internacional de coordinación de inversiones y políticas de desarrollo con los países de Centroamérica.
Promover la integración productiva, comercial y de servicios con los países del istmo centroamericano.
Armonizar los marcos regulatorios y reestructurar los esquemas de tarifas y subsidios en toda la región Puebla Panamá.
Promover entre los países participantes la adopción de políticas públicas que incentiven el libre mercado y competencia en la región.” (Ibid, p. 34.)
Ya a principios de 2001, Fox había demandado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la utilización de recursos fiscales para el apoyo de diversas acciones para el desarrollo del “Programa La Marcha hacia el Sur-Sureste”, correspondiente a la parte mexicana del PPP. De acuerdo con la Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto de este programa,
“(…) la presente administración pondrá especial énfasis en la política de desarrollo regional mediante la instrumentación de proyectos estratégicos y de cambio que permitan que florezca la diversidad y la riqueza regional, y superar el enorme rezago y desigualdad que tanto lastima a nuestro país y que son incompatibles con el proceso de consolidación democrática”.
En esta perspectiva, el objetivo de la política de desarrollo regional oficial,
“(…) debe enfocarse a sentar las bases para que cada región aproveche al máximo su potencial productivo, e impulsar el desarrollo de oportunidades regionales y de industria local para asegurar que los frutos de la globalización se distribuyan más equitativamente. La región sur-sureste del país, que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, merece especial atención”. (Ibid)
En una primera etapa, plantea el programa, la estrategia para el desarrollo del sur-sureste, tiene cuatro vertientes: inversiones en Infraestructura de Transporte; inversiones en Infraestructura Hidroagrícola; Promoción del Empleo; y Promoción del Turismo. En particular,
“La tercera vertiente propone complementar los esfuerzos de inversión con las acciones de impulso a la micro, pequeña y mediana empresa que llevará a cabo la nueva Secretaría de Economía a través del Fondo que se creará para estos propósitos. Estas acciones se complementarán con el inicio del nuevo Programa Marcha hacia el Sur-Sureste (…), que tiene por objeto reducir, por única vez, el costo de instalación de las empresas en la región para promover que la industria maquiladora que ha tenido gran éxito en la región norte del país, se extienda al sur-sureste. (...)” (Ibid)
Pero este programa para la integración del sur-sureste retoma los planteamientos hechos por Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy, éste último Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Zedillo, en un ensayo aparecido en julio de 2000 e intitulado: “El sur también existe: Un ensayo sobre el desarrollo regional de México”, y que se inscribía en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de Ernesto Zedillo. Es decir, esta propuesta se había elaborado para dar continuidad a la política de desarrollo regional neoliberal durante el nuevo gobierno (2000-2006). Y, en efecto, esta estrategia se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del gobierno de Vicente Fox. En el mencionado ensayo, los autores plantean que:
“(…) el atraso del sureste es el resultado de un largo proceso y que, más allá del necesario aumento del gasto social, se requiere un replanteamiento profundo de la política de desarrollo regional del país. Este replanteamiento debe, en primera instancia, ubicar la problemática de Chiapas y del sureste en un contexto regional y nacional; en segunda instancia, debe resolver los problemas estructurales que han impedido que el sureste logre un desarrollo económico autosostenido, a través de cambios de fondo en la orientación de las políticas públicas. Lo anterior resulta de suma importancia por dos razones: primero, porque las profundas diferencias entre el sureste y el resto del país son incompatibles con el desarrollo armónico de un país democrático; y segundo, porque la apertura comercial y, en particular el TLCAN, están ampliando la brecha de desarrollo entre un norte industrializado y un sureste confinado a las actividades primarias. Así, de no tomarse medidas estructurales en breve plazo, se corre el riesgo de ahondar los desequilibrios regionales del país”.
Los autores planteaban que esta problemática puede enfocarse desde dos puntos de vista: “centrar la atención en sus condiciones de pobreza y marginación, o examinar los factores que inciden sobre la distribución geográfica de la producción y del empleo dentro del territorio nacional”.. Y mencionan que la conexión entre estos enfoques, “aunque estrecha, dista de ser total, debido al papel de los flujos migratorios en la distribución geográfica de las familias.” Así, “si emigran quienes no encuentran oportunidades adecuadas de ingreso en una zona, ésta puede tener escaso desarrollo y no presentar problemas severos de pobreza. Así, la pobreza extrema rural de regiones rezagadas se convierte en pobreza moderada urbana en zonas con rápido desarrollo”. Por el contrario, dicen los autores,
“la creación de un polo de desarrollo en una región atrasada no resuelve necesariamente sus problemas de pobreza, debido a que se convierte en un foco de atracción migratoria para la población de todo el país y, ante la competencia en el mercado laboral, la población local puede no tener acceso a los empleos creados o sólo aspirar a los de menor calificación”.
El primer caso sería, por ejemplo, el de trabajadores del estado de Michoacán que emigran a diversas ciudades de la frontera norte para trabajar en la industria maquiladora. Y el segundo sería, por ejemplo, el caso de Cancún , Quintana Roo, en donde, de acuerdo con el censo de población de 1990 la población estaba compuesta de un 25% de la población nacida en el estado, 37.8% nacida fuera de la Península de Yucatán y la población proveniente del D. F. representaba el 9.7%. Por lo tanto, decían los autores, “el diseño de políticas públicas para el sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza con los de desarrollo regional, debido a que los instrumentos a utilizar en cada caso no son los mismos, al menos en el corto plazo.”
La tesis central de este estudio, según los autores, es que “las políticas instrumentadas por el gobierno Federal en las últimas cinco o seis décadas implícitamente han desalentado el desarrollo económico de Chiapas y la región sureste en general.” Y argumentaban que “es factible, y deseable, complementar las acciones de política social que se están llevando a cabo con una corrección de los factores que han reprimido el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales del sureste, lo que se traduciría en un desarrollo autosostenido de la región”. Así, dicen, “no proponemos políticas que artificialmente eleven la rentabilidad de la actividad económica en la región a través de incentivos fiscales o créditos subsidiados, sino medidas para corregir las distorsiones creadas por las políticas públicas seguidas en el pasado.”
En la parte quinta de su ensayo, “Una propuesta para el desarrollo del sureste”, los autores plantean “existe un amplio espacio para diseñar una política que libere el potencial productivo de la región, sin alterar costosa y artificialmente el patrón de ventajas comparativas a través de subsidios crediticios o fiscales a favor de los particulares” (p. 38). En términos generales, dicen los autores, “la estrategia propuesta busca complementar las acciones de desarrollo social que ya están siendo implementadas (sic), con una política de desarrollo de la región e impulse su potencial agropecuario, forestal, manufacturero y turístico” (p. 40). Esta estrategia consta de dos grandes líneas: “inversiones públicas en infraestructura de transporte e hidroagrícola; y cambios institucionales, regulatorios y de las políticas de precios, tarifas y subsidios.” (pp. 40-41)
En el caso de las inversiones en infraestructura de transporte, dicen los autores, éstas “tienen, en general, más impacto cuando se canalizan a las regiones con mayor potencial productivo en le corto plazo. En México, esto implica canalizar inversiones en las zonas de influencia de los puertos y a lo largo de ejes conectados con un cruce fronterizo importante”. Sin embargo, apuntan, “en virtud de la importancia de la conectividad, las inversiones requeridas para impulsar el desarrollo del sureste pueden ubicarse fuera de los límites de la región.” En este sentido, los autores argumentan a favor de una política de inversiones en infraestructura “que permitan que el sureste se beneficie, de manera muy importante, de las inversiones en el norte del país y en los puertos con mayor potencial exportador. En la medida en que estas inversiones se conecten con aquéllas que puedan dar salida a las exportaciones del sureste u ofrecerles acceso a insumos más baratos”. (pp. 42-43)
Los autores proponen ampliar la capacidad de manejo de carga y mejorar la calidad de la infraestructura de:
- “el eje Matamoros-Tampico-Veracruz-Villahermosa-Campeche-Mérida;
- el eje Tapachula-Arriaga-Salina Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas;
- el enlace de Tuxtla Gutiérrez con Cárdenas, Tabasco; y,
- los puertos de Progreso, Salina Cruz y Coatzacoalcos”. (p. 43)
El aumento de la conectividad del sistema de transporte en beneficio del sureste, dicen los autores, “potenciaría las oportunidades de empleo formal en la región y, adicionalmente, fortalecería el papel de sus ciudades como mercados locales”. Así, “(t)odo ello generaría una atracción migratoria a las ciudades medias de la zona y, aún cuando parte de la migración pueda provenir de otras entidades federativas, es de esperar un efecto de urbanización y de reducción de la dispersión poblacional en el medio rural que caracteriza a la región”. (p. 46)
Los autores proponen invertir, para el período 2001-2006,
“aproximadamente un total de 36.4 mil millones de pesos a precios del 2000, para construir 2, 485 kilómetros de carreteras, 694 mil hectáreas de riego y temporal tecnificado, y mejorar 2 puertos y 6 carreteras, además de la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La infraestructura desarrollada permitiría conectar al sureste con los mercados internacionales como lo muestra la gráfica 5.3” (principalmente hacia los Estados Unidos y Asia) (p. 47)
Como se mencionaba más arriba, este ensayo sirvió de base para el “Programa la Marcha hacia el Sur-Sureste”, en cuyo proyecto de presupuesto se plantea que ”las obras de infraestructura carretera e hidroagrícola que se planean iniciar en el año 2001 (básicamente las mismas que proponen los autores mencionados), forman parte del programa de inversiones que la presente Administración ha diseñado para el desarrollo productivo de la región y su integración con los países centroamericanos y el resto de los mercados mundiales”.(p. 6). Dentro de la tercera vertiente de este programa, “Promoción del Empleo”, se plantea que “los estados de la región se verán beneficiados con un programa de fomento al establecimiento de empresas maquiladoras mediante la integración de apoyos fiscales y económicos, oferta de capital humano capacitado e infraestructura para la instalación de proyectos altamente generadores de empleo.” Para este programa se tienen considerados “recursos por un monto de 200.0 millones de pesos. Estos recursos permitirán generar 37 mil empleos permanentes y bien remunerados, mediante la instalación de 92 nuevas empresas maquiladoras”. (p.7)
Como podemos observar, lo que se busca con esta estrategia es el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales del sur-sureste de México, y por extensión de la región centroamericana, es decir, recursos naturales y mano de obra barata.
3. EL PLAN COLOMBIA Y LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA.
Aunque el llamado Plan Colombia fue establecido por el Presidente Andrés Pastrana en el año 2000, el financiamiento del gobierno estadounidense con la aprobación por parte del Congreso de mil trescientos millones de dólares, principalmente para apoyar la lucha antinarcóticos en este país sudamericano, y en menor medida en los otros países andinos, contra la producción y tráfico de drogas (Isacson and Olson, 1999, 2001), lo cierto es que éste también ha sido un programa contrainsurgente encubierto (bajo el pretexto de que la guerrilla ha estado vinculada al narcotráfico, habiéndosele denominado narcoguerrilla durante el régimen de Ronald Reagan). Recientemente, y ya de manera abierta, el Presidente Bush solicitó mayor ayuda al Congreso para ayudar al gobierno colombiano a enfrentar la lucha antiguerrillera.
La aplicación de este plan por parte del Presidente Pastrana sin consultar a otros gobiernos de los países andinos, llevó en un primer momento a estos gobiernos a plantear su desconfianza por las consecuencias que el mismo podría tener en las regiones fronterizas y también por un posible desequilibrio en la región. En este sentido, el gobierno venezolano planteó ante el Parlamento Andino su preocupación por los efectos negativos del Plan Colombia y propuso la creación de una comisión de seguimiento para determinar las repercusiones negativas de dicho plan en los países vecinos (Fernández et al, 2001:4). En mayo de 2001, sin embargo, el Departamento de Estado redefinió la política exterior de la Unión Americana hacia la zona andina, para regionalizar el Plan Colombia con los países vecinos (principalmente Ecuador, Perú y Bolivia), creándose así la llamada Iniciativa Regional Andina que entraría en vigor en 2002.
De acuerdo con Vargas (2001:14), el Plan Colombia,
“que fue diseñado aparentemente (por el gobierno de Pastrana) como una respuesta integradora a los problemas del desarrollo, se concentra en el narcotráfico, asimilándolo exclusivamente a los cultivos ilícitos. En su componente mayoritario, apunta a fortalecer “el garrote” del Estado colombiano frente a la insurgencia, porque lo que está implícito en el paquete de ayuda americana es aumentar la capacidad de las Fuerzas Militares para intentar modificar a favor de éstas y de manera definitiva la correlación de fuerza militar con la guerrilla. Y esto no es que necesariamente sea reprobable, pero hay que ser claro acerca de las implicaciones que tiene: escalamiento de la guerra interna, para lograr el debilitamiento de la guerrilla y forzarla a negociar en condiciones de cuasi-capitulación. Porque se eso se trata en el documento aprobado por el Congreso norteamericano. El problema es que los alzados en armas obran con la misma lógica, ellos también están fortaleciendo su “garrote” es decir, aumentando su fuerza militar y el resultado meto es el escalamiento de la guerra.”
Adicionalmente, apunta Vargas (p. 15), existe el riesgo de propiciar una carrera armamentista en la región, en la medida en que los ejércitos de los países vecinos pueden considerar que se han desequilibrado el balance de poder regional y comiencen a presionar a sus gobiernos por nuevos equipos bélicos, especialmente de los fabricantes de armas estadounidenses, pero también de otros países (recuérdese a Ecuador en su guerra con Perú en 1995). Esto lo prevee el gobierno estadounidense, a través de la Iniciativa Regional Andina, donde apunta que,
“A todos los vecinos de Colombia les preocupa la posibilidad de un “derrame”, específicamente en el sentido de que la presión aplicada por el gobierno colombiano en el sur de Colombia resulte en el movimiento de refugiados, guerrilleros, paramilitares y/o traficantes de drogas hacia otros países a través de las fronteras porosas. Si bien le recalcamos a la región nuestro punto de vista de que los efectos corrosivos de la producción y tráfico de drogas se ha venido “derramando” durante años a través de las fronteras de Colombia, no creemos que el Plan Colombia resulte en la huída de un número significativo de refugiados, ni en un aumento significativo de las operaciones transfronterizas de las FARC, el ELN o las AUC.” (Embajada de los Estados Unidos de América, 2001).
Y más adelante el documento plantea avanzar su estrategia de regionalización,
“Para impedir que los traficantes de reubiquen simplemente en otras partes, es necesario reforzar nuestros esfuerzos antidrogas en los países vecinos. Por esta razón, en la asignación para el Plan Colombia en el año fiscal 2001 se separaron 180 millones de dólares para otros países de la región (...) Según evolucione la amenaza de las drogas fuera de Colombia, podemos tener necesidad de acelerar esta ayuda, o considerar un tipo de ayuda diferente, de modo que a los traficantes se les impida establecer una nueva zona de producción de coca (...) La capacidad de las fuerzas armadas andinas de llevar a cabo sus misiones esenciales de apoyar las instituciones democráticas, controlar las fronteras internacionales y respaldar los esfuerzos antidrogas ha declinado significativamente en la última década. En general, las fuerzas armadas se ven todavía influidas, en cierto grado, por rivalidades regionales históricas, que no reflejan amenazas reales y actuales a la seguridad nacional. La mayoría soporta la carga de un equipo en deterioro u obsoleto que cada vez se vuelve más difícil y caro de mantener y operar. Se beneficiarían enormemente de una modesta inyección de ayuda de seguridad en forma de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y Adiestramiento y Educación Militares en el Extranjero (MET) y del contacto incrementado con militares estadounidenses en general (...) El uso del programa de Ventas Militares en el Extranjero (FMS) ampliará nuestros vínculos con las fuerzas armadas de las naciones anfitrionas, promoverá la capacidad de operar recíprocamente con las fuerzas estadounidenses y aliadas y mejorará la capacidad de acción regional combinada, especialmente en operaciones de mantenimiento de la paz y socorro en casos de desastre” (Ibid)
En esta perspectiva, la Iniciativa Regional Andina va a ser puesta en marcha inmediatamente ya que,
“La región andina representa un reto y una importante oportunidad para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. Importantes intereses nacionales de Estados Unidos están en juego en la región. La democracia está bajo presión en todos los países de los Andes, donde crecen dudas sobre la capacidad de los gobiernos democráticos para ofrecer los servicios básicos y mayor prosperidad. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es consistente. Los Andes continúan produciendo virtualmente toda la cocaína del mundo y una creciente cantidad de heroína, lo que representa una amenaza directa a nuestra salud pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas persistentes se relacionan entre sí (...) Ninguno de los problemas de la región puede ser resuelto por separado. Más bien, todos ellos deben ser atendidos de manera abarcadora, junto con iniciativas apropiadas de diplomacia pública para adelantar nuestras metas en la región. Por esta razón el Departamento de Estado propone la asignación de casi 880 millones de dólares en fondos del Año Fiscal 2002 para la Iniciativa Andina de la administración”. (Ibid, p 18).
Las metas que se propone la Iniciativa Regional Andina son:
“1. Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas
2. Fomentar el desarrollo económico sostenible y la liberalización del comercio,
3. Reducir significativamente en la fuente la oferta de drogas ilícitas a Estados Unidos, reduciendo al mismo tiempo la demanda en Estados Unidos”.
En lo relativo a la lucha antidrogas, la Iniciativa Regional Andina considera que si bien ha habido en los últimos años éxito en la reducción del área sembrada de coca en Perú y Bolivia, lo cual incidió en que
“la producción mundial de cocaína disminuyó casi en un 20 por ciento entre 1995 y 1999. Esa disminución continuó en Perú y Bolivia, pero, debido al aumento del cultivo de coca en Colombia, la producción general en todo el mundo se mantuvo estadísticamente estable en 2000. El potencial de producción de la cocaína colombiana ha aumentado más del 150 por ciento desde 1995”. (Ibid, p. 19)
En cuanto a las metas plantea,
“reducir la producción ilícita de coca un 20 por ciento para fines de 2002 (año base: 1999), y un 40 por ciento para fines de 2007. Esto incluye una reducción del 30 por ciento en la producción colombiana de coca y la eliminación de la producción ilegal de coca en Bolivia para fines de 2002. La Estrategia Nacional de Control de Drogas se concentra en la prevención, el tratamiento, la investigación, la aplicación de la ley, la protección de nuestras fronteras, la reducción de la oferta de drogas y la cooperación internacional. Mediante una gama equilibrada de acciones de reducción de la demanda y reducción de la oferta, nos esforzamos por reducir a la mitad la adicción a drogas y la disponibilidad de éstas, y las consecuencias de la adicción a drogas en por lo menos 25 por ciento para 2007”. (Ibid)
En lo relacionado con la necesaria estabilidad económica ligada a la internacionalización de la economía, la Iniciativa Regional Andina coloca especial preocupación en la renovación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA) y el proceso de integración del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de hecho, las metas de la IRA son las metas de ALCA:
“Económicamente la región andina es bastante diversa, pero los países comparten muchas características., Cada país andino tiene una profunda división entre una elite pequeña y próspera y una clase empobrecida, con frecuencia de origen indígena. Algunos carecen de la combinación de políticas necesarias para fomentar el crecimiento. Otros tienen políticas correctas pero carecen del apoyo popular necesario para mantenerlas a largo plazo. El desarrollo está ligado estrechamente a la estabilidad política de la región (...) Quizá la de mayor contribución individual de corto plazo al crecimiento económico y la prosperidad de los Andes sería la renovación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA), y la expansión de sus beneficios (...) Para los países andinos, la incertidumbre hace aún más difícil competir por la inversión, y hace aún más importante que optimicen sus políticas para atraer esa inversión. Desafortunadamente, la liberación comercial se ha desenvuelto de manera desigual en la región. La mayoría de los países mantiene todavía barreras al comercio y la inversión que retardan el crecimiento económico. El Área de Libre Comercio de las Américas podría ayudar a toda la región a obtener, mediante el comercio libre, los beneficios de la inversión incrementada y la generación de empleos (...)” (Ibid).
Así el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina no sólo son políticas diseñadas para atacar el problema de los narcóticos (producción y tráfico de drogas así como de sus precursores químicos), -en riesgo de que desemboquen en un plan contrainsurgente regional, con un alto nivel de probabilidad de regionalizar el conflicto interno armado colombiano, como apunta Vargas-, sino que son estrategias de control regional en el marco de la reconfiguración espacial y de seguridad regional hemisférica bajo la hegemonía estadounidense.
En esta perspectiva, podemos considerar que el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina no son sino los elementos de un plan geopolítico y geoestratégico que busca imponer el dominio indisputable de los Estados Unidos en todo el Continente Americano.
Y, de acuerdo con Salgado (2001:38), detrás de este plan está el objetivo de desactivar el “triángulo radical” como lo, llama James Petras, o el “Triángulo Bolivariano”, como lo define Heinz Dieterich, que se ha conformado en el noroeste de América del Sur, y que consiste de la Venezuela Bolivariana de Hugo Chávez, la insurgente Colombia de las FARC y ELN, el Ecuador de los rebeldes indígenas y militares progresistas, y Panamá, libre de las bases militares estadounidenses y la Escuela de las Américas, donde el espíritu de Omar Torrijos se rehusa a morir. Este triángulo, continúa Salgado, es preocupante para los círculos de poder en Estados Unidos por varias razones: La Venezuela Bolivariana es el proveedor más importante de petróleo para los Estados Unidos en este Continente y Chávez ha intentado retomar el rumbo de reconstruir a la OPEC, visitando varios países poco gratos para el gobierno estadounidense, y ha abierto la venta de petróleo a Cuba. Es por ello que recientemente se intentó derrocar a Chávez por medio de un fallido golpe empresarial-militar, pero Chávez fue reinstalado en el poder mediante un contragolpe dado por sectores populares y la mayor parte de las Fuerzas Armadas. Detrás del golpe, se menciona a la CIA y al Departamento de Estado de la Unión Americana, aunque el gobierno estadounidense lo niega (Cason y Brooks, 2002: 23).
Por su lado, las insurgencias colombianas, con una experiencia de 40 años, y cuyo objetivo es liberar a Colombia con su millón y ciento sesenta mil kilómetros cuadrados de territorio, ubicado estratégicamente entre los océanos Pacífico y Atlántico, con abundantes recursos naturales y una población de más de 40 millones de habitantes, para transformarla en una nación de hombres y mujeres libres del dominio imperialista, sumergida en la violencia y el narcotráfico (Salgado, op. cit.). Es por ello que recientemente el gobierno colombiano rompió las negociaciones con las FARC para enfrentarlas bajo dos flancos: por un lado, unas fuerzas armadas reforzadas con recursos materiales provenientes de Estados Unidos para la contrainsurgencia y asesoradas por unos mil oficiales estadounidenses especializados en lucha antiguerrillera; y por otro lado, las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), vinculadas a los terratenientes, los narcotraficantes y a algunos militares. De acuerdo con Richani (2002:18), este grupo ha tenido un gran crecimiento en la última década (en 1986 tenía sólo 93 hombres y ahora 8, 000 combatientes), alcanzando su mejor momento en el período 1995-2001 después de la creación de una estructura de comando unificada bajo el liderazgo de Carlos Castaño. Su ingreso anual está entre 200 y 300 millones de dólares, la mayoría de los cuales proviene del tráfico de drogas y de actividades de lavado de dinero. Al menos 1, 000 miembros de AUC sirvieron previamente en el ejército colombiano, más de 53 oficiales retirados de este ejército junto con mercenarios extranjeros de Israel y Estados Unidos han colaborado con esta fuerza paramilitar como asesores y participado en acciones. Y en término de armamento, las AUC están equipados con 14 helicópteros artillados, 11 pequeños aviones, y botes rápidos artillados. Las AUC buscan cambiar la dinámica del conflicto hasta el punto en que la guerrilla sea forzada a rendirse o se debilite considerablemente para evitar la posibilidad de cualquier reforma económica, política o social que afecte a los sectores más ricos y poderosos de Colombia, los cuales están detrás de las AUC.
Y, en el caso de Ecuador, se busca debilitar a los movimientos indígenas, a los sectores populares y a los militares progresistas que han venido llevando a cabo diversas luchas y levantamientos en contra de las políticas neoliberales aplicadas brutalmente en ese país.
4. DESPLAZAMIENTOS FORZADOS EN EL MARCO DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ, DEL PLAN COLOMBIA Y DE LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA.
El 25 de diciembre de 2001, el diario mexicano El Universal, publicó una nota que pasó casi desapercibida: “Erradicarán crimen de áreas naturales. Realizará el Ejército labores de inspección y vigilancia, anuncia el titular de la Profepa. Si no se recuperan esas regiones de alta ingobernabilidad, no llegará inversión privada, advierte” (Guillén, 2001). Con esta noticia se iniciaba “oficialmente” una campaña tendiente a desalojar a diversas comunidades establecidas en algunas regiones declaradas o consideradas reservas naturales.
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ignacio Campillo García, anunció que el Ejército mexicano realizará tareas de inspección y vigilancia en áreas naturales administradas por el Estado, con el propósito de eliminar el crimen organizado oculto en ellas. Este funcionario consideró que si no se pone orden en esas zonas de “alta ingobernabilidad”, la iniciativa privada no podrá invertir en ellas, pues el gobierno federal se ha visto rebasado económicamente para mantenerlas, debido a que no se permite cualquier actividad productiva en virtud de que muchas son áreas de conservación. Indicó que hasta esa fecha se había operado en algunas zonas con el apoyo de la Policía Federal Preventiva (militarizada) y las policías municipales. Comentó que de las nueve zonas detectadas en el país, la reserva de la mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán,; los Chimalapas, en Oaxaca y Chiapas; y la Reserva de los Montes Azules, en Chiapas, son prioritarias, pues allí se realiza una deforestación a pasos agigantados, a fin de cambiar el uso del suelo. Finalmente mencionó que “En la medida en que podamos ofrecer un marco jurídico de inspección y vigilancia adecuado, organizaciones nacionales y extranjeras estarán más dispuestas a poner más recursos, como ha sucedido en La Monarca, el Vizcaíno y Montes Azules”.
La comunidades y organizaciones sociales, principalmente de los Chimalapas y de Montes Azules, comenzaron a denunciar por diversos medios las amenazas y hostigamientos por parte de la PFP y de policías municipales además del ejército para desalojarlos. Inclusive, en marzo de 2002 se mencionaba que “a la acción de desalojo-reubicación de los 35 poblados asentados en Montes Azules sólo le falta sincronizar el día y la hora, porque la semana en que ocurrirá ya ha sido dispuesta: la Semana Santa, con todo y su luna llena” (Colectivo CIARS, 2002a). Sin embargo, gracias a la campaña de denuncias llevada a cabo por las comunidades y las organizaciones como el Colectivo de Información y Análisis de la Región Selva (CIARS), en Chiapas, se abortó dicho desalojo. Así,
“La luna nueva nos fue propicia, aunque también las lluvias breves en la zona conjurando las naturales y viles acechanzas. El descobijo del plan de desalojo a través de aquella alerta enviada la tarde del día trece de marzo y multiplicada días después por diversos compañeros y medios surtió, es una hipótesis, su efecto: abortar la inminencia de entonces. El inusual silencio de las beligerantes/vociferantes instancias federales y estatales, y de las ong´s conservacionistas y sus fondeadoras impulsantes/acreedoras de esa ación es una prueba, y en ese sentido lo es también otro dato: no más el que las unidades de la PFP (llegadas en la víspera de la Semana Santa a la región) no actuaron sino su correlativo implícito: el de que no se regresan:” (CIARS, 2002b)
Pero también se han reactivado los grupos paramilitares, los cuales jugarán un importante papel en el desalojo de diversas comunidades de zonas estratégicas. El CIARS, en su segundo informe enviado el 4 de abril, menciona que:
“La opción paramilitar ha sido activada y reconfigurada en la zona norte (del estado de Chiapas) (...) La zona es la zona norte. El refugio/base de la organización paramilitar necesaria a la contención del EZLN en la región, pero, sobre todo, el territorio de escurrimiento del Grijalva y el Tulijá (represas para electricidad-riego/agroindustrias-consumo), al norte, y de nacimiento del Jataté y paso periférico del Tzaconejá al sur. Es, también, una zona relativamente rica en suelos y, por mucho, la única zona del macizo montañoso maya más viable para la agricultura y agroforestería intensivas, en relación ala Selva-Cañadas situadas al este y a la saturada/elevada región de los Altos hacia el sur,. Ambas, conformaciones geológicas de grandes pendientes. Los proyectos de plantaciones forestales fueron ya formalmente presentados a las poblaciones de esta zona por los agentes/técnicos del Banco Mundial, hace apenas unas semanas y los proyectos de represas en la zona son, con mucho, los más antiguos y necesarios al corredor chiapaneco-interno del PPP en su camino hacia el Golfo. El control sociopolítico de la zona norte es fundamental a la seguridad de la inversión y producción agroexportadora de la región, cierto. Sin embargo, la función principal de la reactivación y reconformación/actualización político-ideológica de los grupos paramilitares locales será la de azuzar la violencia y los conflictos en la frontera occidental de la Selva Lacandona-Maya para despejar esa cuenca en dirección oeste-este hasta las inmediaciones occidentales de la RIBMA a cargo ya de fuerzas federales, y hacia el norte, despejar la cuenca del Tulijá que corre de este a oeste hacia el Grijalva. No es poca cosa en términos de agua y bosques lo comprometido/ocupado hasta hoy por la población zapatista en los confines orientales de esta zona: los afluentes del Tzaconejá y el Jataté que abastecen hacia la frontera al río Lacantún, tributario mexicanochiapaneco del río Usumacinta, y del lado noroccidental la gran cuenca del Tulijá que escurre hacia el Grijalva, ambos megaafluentes conformantes del gran caudal situado entre el Mississipi y el Amazonas que felizmente para la oportunidad de Washington y sus corporaciones se vierte hacia el Golfo de México. Agua toda que depende de la capa boscosa que cubre el macizo montañoso Maya a ocupar/despejar de poblaciones rebeldes, comunitarias, indígenas.”
En el caso de la selva de los Chimalapas, el gobierno mexicano ha empleado diversos mecanismos para intentar desalojar a los comuneros de ahí. En 1999 “Por un millón de pesos nos querían comprar la selva, pero no aceptamos”, denuncian los comuneros de Benito Juárez-El Trébol, comunidad de San Miguel Chimalapa. En octubre de ese año, dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat), ofrecieron dinero a los zoques de Oaxaca a cambio de que aceptaran el decreto de reserva de la biosfera para los Chimalapas (Gómez, 2002)
Gómez apunta,
“Muchas riquezas esconde la selva. Piedra y arena para las carreteras del sureste, minerales no metálicos para la industria microelectrónica, agua para las presas de Chiapas, mano de obra para las maquiladoras del sureste. Turismo quiere los dueños de los transportes y hoteles. Biodiversidad requiere la biotecnología y los Chimalapas es considerado un banco genético único en el mundo. El foxismo es claro: se pedirá la intervención del Ejército para facilitar el control de las reservas naturales y garantizar la inversión privada.”
En Guatemala sucede lo mismo, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), menciona que desde las primeras horas del día 17 de Abril del 2002, en conmemoración del día internacional de la lucha campesina en ese país, diversas comunidades realizan tomas de tierras en diferentes estados. Por ejemplo, las comunidades de San Vicente y Sekakib ocupan tierras en el Municipio de Carcha en Alta Verapaz, haciendo construcciones (champas) porque FUNDESELVA pretende desalojarlos por tratarse de área de reserva; son 126 familias, ocupan 20 caballerías de tierra. Se establecen negociaciones con FUNDESELVA, las propuestas de las comunidades son: que la comunidad sea la que proteja y administre el área, en coordinación con CONIC, que no sean desalojados y que FUNDESELVA los capacite. En el Municipio de Tucuru, también de Alta Verapaz, 27 familias de la comunidad Chelemá construyen champas y empiezan a producir en 7 caballerías de tierras, declaradas área de reserva. La comunidad Chelemá históricamente ha sido dueña de estas tierras y ahora FUNDESELVA los quiere desalojar. La comunidad exige que los habitantes del lugar protejan y administren el área, en coordinación con CONIC, capacitados por FUNDESELVA. En resumen dice CONIC, fueron 14 fincas ocupadas, con 112.5 caballerías, equivalente a 7,200 manzanas de tierra o 5,076 hectáreas. 1,256 familias, Q’eq’chí, Pokomchí y Kakchikel, de origen maya.
“Nuestros abuelos dijeron: Esas tierras son nuestras. No es posible entonces que territorio de las nacionalidades mayas Q’eqchi y Pokomchí, sean declaradas por el Estado como “Áreas de Reserva Ecológica”, sólo para que nos olvidemos de nuestras tierras, bosques y ríos, luego serán entregados a las EMPRESAS TRANSNACIONALES como parte del Plan Puebla Panamá y el ALCA. Nosotros seguiremos siendo dueños de nuestras tierras, aunque tengamos que morir peleando. ¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA! Guatemala, 17 de abril 2,002. COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y CAMPESINA –CONIC-.Miembro de CNOC, Foro Maya, Plataforma Agraria, ASOCODE, CLOC y Vía Campesina.
En Colombia, los paramilitares de las AUC han causado el mayor desplazamiento de campesinos de zonas estratégicas en la historia reciente. Salgado (op. cit. p. 40) apunta, “Esta migración forzada ha resultado en una brutal acumulación de vastos territorios por los jefes paramilitares”.
Por otro lado, la campaña de erradicación de coca dentro del Plan Colombia y que abarca a otros países andinos, implica la fumigación de grandes extensiones con productos químicos que no sólo destruyen los cultivos de coca, sino cultivos básicos para la alimentación de los campesinos, la muerte de animales domésticos y la aparición de enfermedades desconocidas entre los habitantes del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Según Salgado (op. cit. p. 40), en solo un año, de diciembre de 1999 a diciembre de 2000, 60 000 hectáreas de sembradíos de coca fueron fumigados en Colombia. Sin embargo, fotografías realizadas desde satélites demuestran que las zonas bajo cultivo de coca han incrementado a 162 mil hectáreas, un incremento del 60%, lo cual demuestra que esta guerra química contra las drogas es un fracaso, y que quizá tenga otros fines a corto y mediano plazo, como el desplazamiento de personas de estas regiones a otras zonas.
De acuerdo con el investigador ecuatoriano, César Montúfar (2001), el Acta de Autorización de Relaciones Exteriores (Foreign Relationas Authorization Act) de Estados Unidos, en su sección 211 para el año fiscal de 2002-2003, plantea algunas preocupaciones del Congreso estadounidense sobre los efectos del Plan Colombia en la frontera norte del Ecuador, indicando que la aplicación del mismo ha provocado incursiones de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares a territorio ecuatoriano con sus concomitantes expresiones de violencia y delincuencia, desplazando de sus territorios ancestrales a grupos indígenas ecuatorianos por las amenazas recibidas de estos grupos violentos. Y también advierte que Ecuador está recibiendo refugiados colombianos. Según el informe, no obstante estos “efectos” el Ecuador ha demostrado su compromiso moral y político para luchar contra el narcotráfico al firmar con Estados Unidos un acuerdo para el establecimiento de un puesto operativo avanzado en Manta, y está planificando un “programa comprehensivo” dirigido a reforzar la seguridad en la frontera y establecer una “zona amortiguadora” (buffer zone) de paz y desarrollo.
En esta perspectiva el gobierno ecuatoriano, apunta Montúfar (op. cit. p. 2), elaboró un “Programa de desarrollo alternativo de la frontera norte”, donde se plantea que existen datos alarmantes de “desplazamiento” de la droga hacia el Ecuador y sus “delitos conexos”. Y menciona que la presencia de la “narcoguerrilla” en el país “y sus procesos de penetración en territorio ecuatoriano, hacen vulnerables a las provincias de la zona norte (...) siendo un proceso que podría desbordarse”.
La asignación estadounidense dentro del paquete aprobado por el Congreso de ese país al Plan Colombia para Ecuador en 1999 fue de USD 12 millones para asistencia militar y policial y USD 8 millones para desarrollo alternativo. Esta ayuda fue asignada para mejorar los puestos de vigilancia, los sistemas de comunicación, movilidad, inteligencia, operatividad de las unidades policiales y militares de la frontera norte, además de apoyar las instalaciones de seguridad y vigilancia en la costa ecuatoriana. Además, como parte del programa de Entrenamiento de Militares Extranjeros (FMT) del Departamento de Defensa, en 1999, recibieron instrucción 681 militares y policías ecuatorianos, casi la mitad de la cifra del año anterior (1998) que alcanzó a 1355. Y en 1999 y 2000, Fuerzas Especiales estadounidenses (SOF) participaron en 16 y 12 misiones de entrenamiento, respectivamente, en territorio ecuatoriano, la mayoría de las cuales estuvieron dedicadas a entrenamiento antinarcóticos. (Isaacson y Olson, 2001: 35-37).
El así llamado puesto de operación avanzado (FOL por sus siglas en inglés) de Manta inició sus funcionamiento desde abril de 1999. En noviembre se firmó por parte de ambos gobiernos un acuerdo por diez años, el cual no ha sido ratificado por el Congreso ecuatoriano. La importancia de este puesto para Estados Unidos es enorme, ya que por su ubicación sirve de apoyo a misiones que cubren la zona de producción que abarca Colombia, Perú y Bolivia, de donde se envía la mayor parte de la cocaína que llega a territorio estadounidense. Entre 1999 y 2000 se crearon cuatro puestos de este tipo alrededor de Colombia: Manta (Ecuador), Reina Beatriz (Aruba), Aeropuerto de Hato (Curazao) y Comalapa (El Salvador), las cuales han venido a sustituir las operaciones antidrogas que Estados Unidos llevaba a cabo desde la Base Aérea Militar de Howard en Panamá y que fue cerrada en mayo de 1999 (Montúfar, op. cit., p. 15)
Desde 1997, con el aumento del financiamiento de Estados Unidos para erradicar los cultivos de coca, se disminuyó considerablemente la producción cocalera en Bolivia y Perú, pero en la misma proporción se ha incrementado en Colombia, lo que no ha reducido la producción neta de la coca andina (Farthing and Potter, 2001:1). Esto ha llevado a una serie de movilizaciones de protesta por los campesinos productores de coca y de usuarios de agua de una región que rodea la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, la cual ha sido devastada económicamente por la virtual erradicación de coca. Estos movimientos, sin embargo, han sido divididos por el gobierno de Banzer, al negociar sectorialmente. Esta estrategia ha aislado a los cocaleros que viven en la región del Chapare de otros sectores populares, y el gobierno logró desvincular a los cocaleros de la región de los Yungas al este de La Paz, de su contraparte más militante en la región del Chapare. La casi erradicación de coca de la región del Chapare desde 1997 ha costado a la economía nacional unos USD 15 millones de dólares, y ha llevado a una creciente y amplia resistencia. El gobierno de Estados Unidos, que ha financiado las campañas militares y policíacas de erradicación y ha aplaudido la “victoria” en contra de la producción de coca, se ha mostrado reluctante para comprometer algún tipo de apoyo económico que ayude al país a desarrollar alternativas a su dependencia económica de la exportación de coca. Para 2002, la administración Bush propuso un incremento sustantivo en apoyo militar y policíaco así como asistencia económica.
A diferencia de Colombia y Perú, donde los esfuerzos antidrogas han sido combinados con la contrainsurgencia, Bolivia no tiene movimientos guerrillero, así que la fuerza represiva se ha centrado en las 35, 000 familias de cocaleros, quienes justifican el cultivo de esta planta como parte de su herencia cultural. Esta estrategia ha tenido en enorme precio para Bolivia, ya que además de destruir la economía sin proveerle alternativas, ha llevado a una creciente presencia militar en la región productora de coca del Chapare, y a un amplio hostigamiento, tortura y aún asesinatos de los indígenas de esta región. El paquete especial por USD 1, 300 millones de ayuda antinarcóticos aprobado por el Congreso estadounidense en mayo de 2000, -en su mayor parte dirigido a Colombia- incluyó USD 25 millones adicionales para la erradicación y control de coca en las regiones del Chapare y Yungas. A principios de 2001, Estados Unidos designó otros USD 85 millones para programas de desarrollo alternativo en estas dos regiones, pero mucho de esto es para apoyo en la balanza de pagos y electrificación rural, los cuales son de poco beneficio para los productores de coca empobrecidos. Algunos analistas plantean que, para ser efectivos, las inversiones para el desarrollo deben acercarse a la contribución que la coca hacía a la economía local antes de que comenzara la erradicación en 1997 (Farthing and Potter, op. cit., p 2).
Así, vemos que entre las consecuencias negativas del Plan Colombia se destaca el desplazamiento de los cultivos ilegales a las fronteras de otros países, así como la movilización de las acciones del narcotráfico, el riesgo de emigración de los narcotraficantes, el éxodo de refugiados, daños de índole ecológico al ecosistema fronterizo. Asimismo, no se descarta el hecho de que como consecuencia del desplazamiento o movilización de las acciones del narcotráfico y de los campesinos habitantes de la zona hacia las fronteras de otros Estados se inicie una incursión de la guerrilla y las fuerzas paramilitares en las inmediaciones fronterizas de los Estados vecinos.
A MANERA DE CONCLUSIONES.
El 2002 es un año decisivo para avanzar en la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el proyecto hegemónico estadounidense para la integración de todo el Continente Americano, como parte de su Gran Estrategia en la conformación y consolidación de un gran bloque geoestratégico para enfrentar a la Unión Europea y a la ASEAN en la lucha por los mercados mundiales. En octubre del 2002 se reúnen en Quito, Ecuador, los ministros de comercio de todos los países del Hemisferio Occidental, con la excepción de Cuba, para acordar los últimos detalles para la creación y arranque de ALCA.
Mientras tanto, Estados Unidos intenta avanzar este proceso mediante diversos mecanismos, entre los que podemos mencionar un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el retiro de todo apoyo financiero a Argentina para que su economía se hunda y arrastre con ella a las de sus socios del MERCOSUR, principalmente Brasil que se ha convertido en un escollo para ALCA; y apoyando una estrategia (que nos recuerda el caso chileno de Salvador Allende) para desestabilizar y hacer caer al gobierno venezolano, el cual también se ha opuesto a ALCA, mediante un golpe de Estado (fallido), etc.
Uno de los principales objetivos estadounidenses en ALCA es el aprovechamiento de la biodiversidad, tres de cuyas zonas más ricas en la tierra se encuentran en la región que abarca las selvas del sur-sureste mexicano y de Centroamérica, y en la cuenca del Amazonas. Para acceder a ellas, el gobierno estadounidense se apoya en el punto cuatro de la Declaración de la Cumbre de las Américas, realizado en 1994 y donde se acordó la creación de ALCA, y que se refiere a:
“IV. Garantizar el desarrollo sustentable y conservar nuestro ambiente natural para las generaciones futuras.
21. Asociación para el uso sustentable de la energía,
22. Asociación para la biodiversidad
23. Asociación para la prevención de la contaminación”. (Summit of the Americas, 1994)
En enero de 1998, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un programa para hacerse de bancos genéticos de los países megadiversos pero también con vistas a consolidar su presencia en otros temas y zonas. Se trata del programa ICBG (International Cooperation Biodiversity Groups) que establece que todos sus proyectos ejecutivos (que invariablemente son dirigidos y administrados por los Institutos de Salud y el Servicio Exterior de Agricultura del gobierno estadounidense y patrocinados por la agencia USAID) “buscarán propuestas hacia la construcción de relaciones institucionales afines con los países en vías de desarrollo que continúen creciendo más allá de la vida de este Programa y sirvan como modelos efectivos para desarrollar otras relaciones similares” (Colectivo de Información y Análisis de la Región Selva, CIARS, 2002ª).
La estrategia gubernamental estadounidense y de los países involucrados para apropiarse de la biodiversidad de estas regiones a favor de corporaciones privadas es muy similar: el desplazamiento de poblaciones por diversas vías. En primer lugar se trata de desplazar a los combatientes de movimientos armados (EZLN y FARC) y a sus bases de apoyo. En el caso de los zapatistas, desalojarlos de la zona de la Reserva Montes Azules, en el caso de las FARC de la zona de 40 mil km2 que se les había otorgado para las negociaciones. Y, en segundo lugar se trata de reubicar a poblaciones y comunidades enteras fuera de zonas de reserva natural (para apropiarse de los recursos) hacia zonas estratégicas para utilizarlas como mano de obra barata.
Pero el PPP y el Plan Colombia también tiene una perspectiva de seguridad regional para controlar los flujos del narcotráfico, del tráfico de armas y de personas, mediante estrategias como el Plan Sur y el Sellamiento de las Fronteras, por ejemplo, en el caso del primero.
El “Plan Sur” puesto en marcha desde el 1° de julio de 2001, y que implica el “sellamiento” de la frontera sur de México, militarizará no sólo el control de la región fronteriza entre México y Guatemala y Belice, para “evitar” el paso de migrantes centroamericanos y de otros países, el tráfico de drogas y de armas; sino que este control se extenderá hasta el Istmo de Tehuantepec, aprovechando la situación de “cuello de botella” del mismo. De acuerdo con el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Felipe de Jesús Preciado, el plan se aplica por cuestiones de “seguridad nacional”. Con ello se reproduce el modelo de control de la frontera entre México y Estados Unidos, la cual se ha venido militarizando desde el gobierno de Reagan por cuestiones de “seguridad nacional” para detener la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. Lo cierto es que esto fue el pretexto para controlar una región geoeconómica de carácter estratégico para el proyecto hegemónico de Estados Unidos, ya que ahí se ubica una gran parte de la industria de punta (en ambos lados), recursos minerales (incluyendo uranio) y otros (Sandoval, 1996). Lo mismo sucederá con el Istmo de Tehuantepec, al ubicarse ahí uno de los megaproyectos más importantes de integración regional, que incluye un paso interoceánico terrestre, alternativo al Canal de Panamá.
Y, como apunta Montúfar (op. cit. p. 20)
“La regionalización del conflicto colombiano está produciendo un inédito proceso de des-territorialización o re-territorialización del espacio nacional del Ecuador y de otros países aledaños a Colombia. (...) La regionalización del conflicto que ahoga a Colombia está generando una tendencia de re-configuración del espacio andino, de re-territorializando, a partir de los parámetros que surgen de los imperativos del negocio internacional del narcotráfico, los movimientos tácticos de los actores violentos, la estrategia regional de EE.UU., entre otros procesos. Esta tendencia está desembocando en una paulatina transformación del espacio nacional ecuatoriano” (y de los otros países andinos).
En esta perspectiva, consideramos que con estas estrategias, Estados Unidos está reconfigurando los espacios regionales de México, Centroamérica y los países andinos, de acuerdo a sus intereses geoestratégicos de libre comercio y seguridad regional en el marco de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Y con ello, se reconfiguran las fronteras regionales del Continente Americano.
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miércoles, 31 de agosto de 2011
un bien estrategico
UBLICADO POR CLARIN EL 25 DE SETIEMBRE DEL 2005
UN BIEN ESTRATEGICO: LAS RELACIONES ENTRE WASHINGTON Y ASUNCION
Marines en Paraguay: se reaviva el temor sobre los recursos naturales
Aumentan las sospechas de que la presencia militar está vinculada con el agua.
Claudio Mario Aliscioni.
caliscioni@clarin.com
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La presencia de tropas estadounidenses en territorio de Paraguay reavivó viejos temores en ese país por las verdaderas intenciones de EE.UU. sobre el Acuífero Guaraní. Todas las alarmas se dispararon a mediados de junio, cuando un artículo de Clarín reveló que el Parlamento paraguayo había otorgado inmunidad total a la llegada de 400 marines, en 13 misiones militares, para realizar ejercicios y tareas de asistencia social a lo largo de 18 meses hasta diciembre de 2006. Desde ese momento, el gigantesco reservorio de agua dulce —compartido por brasileños, paraguayos, argentinos y uruguayos— pasó a ser considerado como un objetivo apetecible para el Pentágono.
"No podemos separar la presencia de marines en Paraguay con el futuro del Acuífero Guaraní, especialmente cuando los expertos aseguran que Estados Unidos ha venido disminuyendo sus reservas de agua dulce y necesita el recurso", dijo a Clarín el ingeniero Víctor Benítez Insfrán, el director del Programa Biodiversidad, de la organización civil Alter Vida, ligado al proyecto de conservación del acuífero patrocinado por el Global Enviroment Facility (GEF) a través del Banco Mundial.
En declaraciones a este diario, el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y su vice, Luis Castiglione, negaron categóricamente que Estados Unidos vaya a instalar una base militar en territorio paraguayo y sólo asociaron la presencia de marines a ejercicios combinados que se repiten habitualmente desde la década del '60. Sin embargo, nunca antes el Parlamento había concedido inmunidad a 13 misiones juntas.
Las desmentidas se produjeron luego de que la investigación de Clarín pusiera el foco sobre una enorme pista de aterrizaje en la base área de mariscal Estigarribia, en el corazón del Chaco paraguayo, a la que se vinculó con la mayor presencia militar estadounidense en el país. La pista de 3.800 metros, con capacidad para recibir aviones de gran peso y porte, fue construida en los 80 con asistencia estadounidense y se encuentra en una zona desértica de difícil acceso.
Una de las primeras reacciones provino de Brasil. El canciller Celso Amorim reclamó "transparencia" al acuerdo militar de EE.UU. con Paraguay y dijo que Asunción debería respetar sus compromisos en materia de Defensa con sus socios del Mercosur (Brasil, Uruguay y Argentina). También su colega argenti no, Rafael Bielsa, rechazó la conveniencia de que Washington instalara una base en la región.
En ese marco de desmentidas fue llamativa la expresada por la embajada estadounidense en Asunción. En un comunicado, la sede diplomática afirmó que la Casa Blanca "no tienen ningún interés en el Acuífero Guaraní, excepto la esperanza de que este recurso sirva para la prosperidad y el bienestar de los habitantes que se hallan ubicados geográficamente cerca de este recurso". La declaración contrasta con el pedido de funcionarios de Estados Unidos, expresado en 2004, de que el acuífero fuese declarado patrimonio de la humanidad, con lo que —a juicio de expertos en legislación ambiental— el usufructo del agua queda fuera del poder soberano de cada uno de los Estados a los que pertenece naturalmente el acuífero.
"Eso es lo que hay que evitar, que los Estados pierdan control sobre el recurso. Creemos que la presencia de marines responde a la necesidad de poner un pie en la zona", afirmó a Clarín Orlando Castillo, el delegado local del Servicio de Paz y Justicia.
Las sospechas sobre las intenciones de Estados Unidos se aceleraron a mediados de agosto, con la sorpresiva llegada a Asunción del jefe del Pentágono Donald Rumsfeld. Días después de esta visita, el vicepresidente Castiglione afirmó a la prensa que la Casa Blanca quería que Asunción fuese su aliado estratégico. Este joven político paraguayo es visto como el factótum del acercamiento entre ambos países y no parece casual que Duarte Frutos es el primer presidente paraguayo en ser recibido oficialmente en la Casa Blanca.
Los detractores de la presencia de marines en Paraguay temen que EE.UU. establezca sus tropas en varios puntos del país y apuntan a Estigarribia. Desde allí, dicen, podría monitorear la vecina Bolivia y sus reservas de gas; el acuífero; y la zona de la Triple Frontera, en Ciudad del Este, al que considera un santuario del terrorismo islámico.
"Al parecer, la estrategia de EE.UU. es controlar estos recursos acuíferos cuando estén agotadas las reservas en el norte. Este es un gran reto para nuestra soberanía en los próximos años", comentó a este diario Pedro Almada Galeano, ex candidato presidencial por el Frente Amplio paraguayo. Luis Resck, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asoció el tema del acuífero con la presunta presencia de guerrilleros o terroristas en tierra guaraní. "Han inventado esa supuesta llegada para justificar la instalación de una base militar. Quieren hacer dos cosas: criminalizar las luchas sociales y usurpar, si pueden, nuestros recursos".
Sin embargo, en Paraguay hay algunos legisladores escépticos sobre el tema, como el ex canciller Miguel Saguier, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico. Aunque admite que la presencia de marines tiene objetivos estratégicos, sobre el tema del agua no muestra similar convicción. "Me cuesta entender cómo, habiendo tecnologías para convertir agua salada en dulce, EE.UU. podría estar interesado en nuestro acuífero", señaló a este diario. Ante una consulta de Clarín, el presidente del Congreso, Carlos Filizzola, del opositor País Solidario, ligó el tema del narcotráfico, el terrorismo, las disputas por el agua y la presencia de marines. "EE.UU. siempre tuvo interés en controlar la zona y eso no excluye ninguno de los objetivos estratégicos", sostuvo.
Paraguay es uno de los países del área que necesita reforzar su legislación sobre recursos naturales pues no cuenta con un marco legal preciso. "Una ley del agua, que en Paraguay está en discusión en el Parlamento, es crucial", dijo el ingeniero Benítez, de la ONG Alter Vida.
Este experto sostiene que sólo una norma específica que declare naturales a los recursos como propiedad pública puede neutralizar su aprovechamiento como patrimonio de la humanidad, según busca Washington. "Claro que hay otras formas, más prosaicas", sostiene. Y ante la sorpresa del cronista, afirma: "Podríamos pedirles que, a cambio del acuífero, ellos declaren como patrimonio de la humanidad a las cataratas del Niágara, a ver si aceptan".
UN BIEN ESTRATEGICO: LAS RELACIONES ENTRE WASHINGTON Y ASUNCION
Marines en Paraguay: se reaviva el temor sobre los recursos naturales
Aumentan las sospechas de que la presencia militar está vinculada con el agua.
Claudio Mario Aliscioni.
caliscioni@clarin.com
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La presencia de tropas estadounidenses en territorio de Paraguay reavivó viejos temores en ese país por las verdaderas intenciones de EE.UU. sobre el Acuífero Guaraní. Todas las alarmas se dispararon a mediados de junio, cuando un artículo de Clarín reveló que el Parlamento paraguayo había otorgado inmunidad total a la llegada de 400 marines, en 13 misiones militares, para realizar ejercicios y tareas de asistencia social a lo largo de 18 meses hasta diciembre de 2006. Desde ese momento, el gigantesco reservorio de agua dulce —compartido por brasileños, paraguayos, argentinos y uruguayos— pasó a ser considerado como un objetivo apetecible para el Pentágono.
"No podemos separar la presencia de marines en Paraguay con el futuro del Acuífero Guaraní, especialmente cuando los expertos aseguran que Estados Unidos ha venido disminuyendo sus reservas de agua dulce y necesita el recurso", dijo a Clarín el ingeniero Víctor Benítez Insfrán, el director del Programa Biodiversidad, de la organización civil Alter Vida, ligado al proyecto de conservación del acuífero patrocinado por el Global Enviroment Facility (GEF) a través del Banco Mundial.
En declaraciones a este diario, el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y su vice, Luis Castiglione, negaron categóricamente que Estados Unidos vaya a instalar una base militar en territorio paraguayo y sólo asociaron la presencia de marines a ejercicios combinados que se repiten habitualmente desde la década del '60. Sin embargo, nunca antes el Parlamento había concedido inmunidad a 13 misiones juntas.
Las desmentidas se produjeron luego de que la investigación de Clarín pusiera el foco sobre una enorme pista de aterrizaje en la base área de mariscal Estigarribia, en el corazón del Chaco paraguayo, a la que se vinculó con la mayor presencia militar estadounidense en el país. La pista de 3.800 metros, con capacidad para recibir aviones de gran peso y porte, fue construida en los 80 con asistencia estadounidense y se encuentra en una zona desértica de difícil acceso.
Una de las primeras reacciones provino de Brasil. El canciller Celso Amorim reclamó "transparencia" al acuerdo militar de EE.UU. con Paraguay y dijo que Asunción debería respetar sus compromisos en materia de Defensa con sus socios del Mercosur (Brasil, Uruguay y Argentina). También su colega argenti no, Rafael Bielsa, rechazó la conveniencia de que Washington instalara una base en la región.
En ese marco de desmentidas fue llamativa la expresada por la embajada estadounidense en Asunción. En un comunicado, la sede diplomática afirmó que la Casa Blanca "no tienen ningún interés en el Acuífero Guaraní, excepto la esperanza de que este recurso sirva para la prosperidad y el bienestar de los habitantes que se hallan ubicados geográficamente cerca de este recurso". La declaración contrasta con el pedido de funcionarios de Estados Unidos, expresado en 2004, de que el acuífero fuese declarado patrimonio de la humanidad, con lo que —a juicio de expertos en legislación ambiental— el usufructo del agua queda fuera del poder soberano de cada uno de los Estados a los que pertenece naturalmente el acuífero.
"Eso es lo que hay que evitar, que los Estados pierdan control sobre el recurso. Creemos que la presencia de marines responde a la necesidad de poner un pie en la zona", afirmó a Clarín Orlando Castillo, el delegado local del Servicio de Paz y Justicia.
Las sospechas sobre las intenciones de Estados Unidos se aceleraron a mediados de agosto, con la sorpresiva llegada a Asunción del jefe del Pentágono Donald Rumsfeld. Días después de esta visita, el vicepresidente Castiglione afirmó a la prensa que la Casa Blanca quería que Asunción fuese su aliado estratégico. Este joven político paraguayo es visto como el factótum del acercamiento entre ambos países y no parece casual que Duarte Frutos es el primer presidente paraguayo en ser recibido oficialmente en la Casa Blanca.
Los detractores de la presencia de marines en Paraguay temen que EE.UU. establezca sus tropas en varios puntos del país y apuntan a Estigarribia. Desde allí, dicen, podría monitorear la vecina Bolivia y sus reservas de gas; el acuífero; y la zona de la Triple Frontera, en Ciudad del Este, al que considera un santuario del terrorismo islámico.
"Al parecer, la estrategia de EE.UU. es controlar estos recursos acuíferos cuando estén agotadas las reservas en el norte. Este es un gran reto para nuestra soberanía en los próximos años", comentó a este diario Pedro Almada Galeano, ex candidato presidencial por el Frente Amplio paraguayo. Luis Resck, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asoció el tema del acuífero con la presunta presencia de guerrilleros o terroristas en tierra guaraní. "Han inventado esa supuesta llegada para justificar la instalación de una base militar. Quieren hacer dos cosas: criminalizar las luchas sociales y usurpar, si pueden, nuestros recursos".
Sin embargo, en Paraguay hay algunos legisladores escépticos sobre el tema, como el ex canciller Miguel Saguier, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico. Aunque admite que la presencia de marines tiene objetivos estratégicos, sobre el tema del agua no muestra similar convicción. "Me cuesta entender cómo, habiendo tecnologías para convertir agua salada en dulce, EE.UU. podría estar interesado en nuestro acuífero", señaló a este diario. Ante una consulta de Clarín, el presidente del Congreso, Carlos Filizzola, del opositor País Solidario, ligó el tema del narcotráfico, el terrorismo, las disputas por el agua y la presencia de marines. "EE.UU. siempre tuvo interés en controlar la zona y eso no excluye ninguno de los objetivos estratégicos", sostuvo.
Paraguay es uno de los países del área que necesita reforzar su legislación sobre recursos naturales pues no cuenta con un marco legal preciso. "Una ley del agua, que en Paraguay está en discusión en el Parlamento, es crucial", dijo el ingeniero Benítez, de la ONG Alter Vida.
Este experto sostiene que sólo una norma específica que declare naturales a los recursos como propiedad pública puede neutralizar su aprovechamiento como patrimonio de la humanidad, según busca Washington. "Claro que hay otras formas, más prosaicas", sostiene. Y ante la sorpresa del cronista, afirma: "Podríamos pedirles que, a cambio del acuífero, ellos declaren como patrimonio de la humanidad a las cataratas del Niágara, a ver si aceptan".
bien escaso negocio millonario
PUBLICADO POR CLARIN EL DIA 25 DE SETIEMBRE DEL 2005
Bien escaso, negocio multimillonario
En el mundo hay de 1.100 a 1.500 millones de personas (un cuarto de toda la población) que no gozan de agua potable, según la Organización de las Naciones Unidas, que para dentro de 20 años afirma que la demanda del recurso subirá 56%.
Cada día, 2 millones de personas mueren en algún lugar del planeta por alguna enfermedad vinculada a la carencia de agua.
De toda el agua del mundo, sólo 2,5 es potable, 37 de los 1.400 millones de km3 que hay en la tierra.
Mientras casi 20% del agua es subterránea y menos de 1% está en la atmósfera, 80% se concentra congelada en los polos y los glaciares, pero no es accesible.
La importancia del agua es tal que las grandes transnacionales, los organismos multilaterales de crédito, grupos de consumidores, foros sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) debaten acaloradamente sobre el tema, en una disputa sobre si el agua debe ser un bien público y un derecho humano o, como plantean las corporaciones, un negocio, por el cual bregan empujando a la privatización de empresas y al control del recurso y de las regiones que lo poseen.
En los últimos 15 años se sextuplicó el número de gente que en el mundo paga por el agua.
Una de las metas del milenio para reducir la pobreza, por parte de la ONU, tiene que ver justamente con un mayor acceso al agua. Pero las pocas multinacionales que manejan el negocio, que factura US$ 1 billón al año, tarifan el servicio.
En marzo de 2006, en Ciudad de México, se realizará el IV Foro Mundial del Agua, y el tema volverá a ser debatido.
Sed: invasión gota a gota" es el documental de la argentina Mausi Martínez, aún en cartel, que trata sobre los intereses de las grandes corporaciones en el Acuífero Guaraní.
Fantasmas
Marcelo Cantelmi
mcantelmi@clarin.com
La cuestión no es construir fantasmas donde alcanzan las realidades. Es cierto que sobre el Acuífero Guaraní se han armado todo tipo de conspiraciones. Pero la motivación es la enorme riqueza de agua potable, fresca y renovable que yace en ese océano subterráneo, aun más valiosa frente a escenarios de escasez mundial. No pueden sorprender los temores en un presente planetario trastocado a extremo tal que se acepta que el derecho internacional pierda posiciones frente a nociones de guerras preventivas y conflictos armados solo con argumentos que conocen sus autores y desmienten las realidades más sencillas. Pero fuera de esta preocupación, surge como un valor la observación con una mirada nueva de estos recursos hasta ahora ignorados. No se trata solo de estar alertas. Sino también de preservarlos, evitar su contaminación y actuar con la rara seriedad de países que se preocupan por su destino.
Un imperio en botellas
La industria del agua mueve anualmente unos 800 mil millones al año y por ahora apenas maneja el 5% del agua dulce del mundo. El gerenciamiento de las aguas y el embotellamiento del líquido son las dos variables del imperio.
La industria del embotellamiento supera en ganancias a la industria farmacéutica. En EE.UU. el galón de agua potable embotellada supera en precio al galón de petróleo.
Hoy hay 300 millones de personas en el mundo que pagan por agua: a principios de los 90 eran 50 millones.
De los 6.250 millones de habitantes del mundo, unos 1.100 millones no tienen acceso al agua potable y más del doble vive sin condiciones sanitarias dignas.
Algunas estimaciones dicen que para el 2050, la demanda de agua será un 56% mayor que el suministro.
Con ríos contaminados por el uso de agrotóxicos, son muchos los países que usan aguas subterráneas para dotar a sus poblaciones.
El Acuífero Guaraní tiene 1.194.000 km2 y supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntas. Con un racionamiento adecuado, podría abastecer diariamente a 720 millones de personas.
América, con el 12% de la población mundial tiene el 47% de las reservas de agua potable del mundo.
Cómo actúa
Un acuífero no es un mar subterráneo, sino roca empapada en agua, ya en sus poros, entre los granos minerales o por sus fisuras. La explotación está basada en los pozos, que solo tienen influencia en una dimensión espacial limitada, No es posible extraer toda el agua desde un gigantesco pozo. En caso de una sobreexplotación, se producirá una merma en la cantidad que produce ese pozo porque el nivel bajará y se secará. Con el tiempo, el agua podría volver a su nivel anterior. La mayor parte del Guaraní está en un área tropical, con una capacidad muy intensa de recarga.
Bien escaso, negocio multimillonario
En el mundo hay de 1.100 a 1.500 millones de personas (un cuarto de toda la población) que no gozan de agua potable, según la Organización de las Naciones Unidas, que para dentro de 20 años afirma que la demanda del recurso subirá 56%.
Cada día, 2 millones de personas mueren en algún lugar del planeta por alguna enfermedad vinculada a la carencia de agua.
De toda el agua del mundo, sólo 2,5 es potable, 37 de los 1.400 millones de km3 que hay en la tierra.
Mientras casi 20% del agua es subterránea y menos de 1% está en la atmósfera, 80% se concentra congelada en los polos y los glaciares, pero no es accesible.
La importancia del agua es tal que las grandes transnacionales, los organismos multilaterales de crédito, grupos de consumidores, foros sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) debaten acaloradamente sobre el tema, en una disputa sobre si el agua debe ser un bien público y un derecho humano o, como plantean las corporaciones, un negocio, por el cual bregan empujando a la privatización de empresas y al control del recurso y de las regiones que lo poseen.
En los últimos 15 años se sextuplicó el número de gente que en el mundo paga por el agua.
Una de las metas del milenio para reducir la pobreza, por parte de la ONU, tiene que ver justamente con un mayor acceso al agua. Pero las pocas multinacionales que manejan el negocio, que factura US$ 1 billón al año, tarifan el servicio.
En marzo de 2006, en Ciudad de México, se realizará el IV Foro Mundial del Agua, y el tema volverá a ser debatido.
Sed: invasión gota a gota" es el documental de la argentina Mausi Martínez, aún en cartel, que trata sobre los intereses de las grandes corporaciones en el Acuífero Guaraní.
Fantasmas
Marcelo Cantelmi
mcantelmi@clarin.com
La cuestión no es construir fantasmas donde alcanzan las realidades. Es cierto que sobre el Acuífero Guaraní se han armado todo tipo de conspiraciones. Pero la motivación es la enorme riqueza de agua potable, fresca y renovable que yace en ese océano subterráneo, aun más valiosa frente a escenarios de escasez mundial. No pueden sorprender los temores en un presente planetario trastocado a extremo tal que se acepta que el derecho internacional pierda posiciones frente a nociones de guerras preventivas y conflictos armados solo con argumentos que conocen sus autores y desmienten las realidades más sencillas. Pero fuera de esta preocupación, surge como un valor la observación con una mirada nueva de estos recursos hasta ahora ignorados. No se trata solo de estar alertas. Sino también de preservarlos, evitar su contaminación y actuar con la rara seriedad de países que se preocupan por su destino.
Un imperio en botellas
La industria del agua mueve anualmente unos 800 mil millones al año y por ahora apenas maneja el 5% del agua dulce del mundo. El gerenciamiento de las aguas y el embotellamiento del líquido son las dos variables del imperio.
La industria del embotellamiento supera en ganancias a la industria farmacéutica. En EE.UU. el galón de agua potable embotellada supera en precio al galón de petróleo.
Hoy hay 300 millones de personas en el mundo que pagan por agua: a principios de los 90 eran 50 millones.
De los 6.250 millones de habitantes del mundo, unos 1.100 millones no tienen acceso al agua potable y más del doble vive sin condiciones sanitarias dignas.
Algunas estimaciones dicen que para el 2050, la demanda de agua será un 56% mayor que el suministro.
Con ríos contaminados por el uso de agrotóxicos, son muchos los países que usan aguas subterráneas para dotar a sus poblaciones.
El Acuífero Guaraní tiene 1.194.000 km2 y supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntas. Con un racionamiento adecuado, podría abastecer diariamente a 720 millones de personas.
América, con el 12% de la población mundial tiene el 47% de las reservas de agua potable del mundo.
Cómo actúa
Un acuífero no es un mar subterráneo, sino roca empapada en agua, ya en sus poros, entre los granos minerales o por sus fisuras. La explotación está basada en los pozos, que solo tienen influencia en una dimensión espacial limitada, No es posible extraer toda el agua desde un gigantesco pozo. En caso de una sobreexplotación, se producirá una merma en la cantidad que produce ese pozo porque el nivel bajará y se secará. Con el tiempo, el agua podría volver a su nivel anterior. La mayor parte del Guaraní está en un área tropical, con una capacidad muy intensa de recarga.
tesoro codiciado en tiempos de sed
clarin del 25 de septiembre del 05 suplemendo el mundo
UN BIEN ESTRATEGICO: AUN NO HAY LEGISLACION ADECUADA QUE LO PROTEJA
El Acuífero Guaraní: tesoro codiciado en tiempos de sed
Es una de las mayores reservas subterráneas del mundo. Está en una zona estratégica, la Triple Frontera, y lo comparten Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El agua ya es un bien escaso en Europa y EE.UU.
Hinde Pomeraniec.
hpomeraniec@clarin.com
hpomeraniec@clarin.com
No falta tanto para que la riqueza de una civilización se mida en litros. Hace tiempo que se viene divulgando que la escasez de agua será, en un futuro no muy lejano, motivo de guerras y su posesión, el trofeo más preciado. Aquí en el sur, en un espacio compartido por cuatro países, está la perla: el Acuífero Guaraní, conocido hasta ahora como la tercera reserva subterránea de agua dulce del mundo aunque, según las últimas estimaciones, podría ser el mayor curso de agua bajo la tierra. Todas las alertas, aún las más disparatadas, comienzan a dispararse. ¿Los que se están quedando sin nada vendrán por el Guaraní? ¿Pueden llegar a quitarnos el agua por la fuerza?
Extendido entre las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, el Acuífero Guaraní tiene una superficie aproximada de 1.194.000 km2. El 70% le corresponde a Brasil, el 19% a la Argentina; el 6% a Paraguay y el 5% restante a Uruguay. Hasta la fecha, de todos modos, se desconoce su alcance total, al punto que se ignora cuál es el extremo occidental de la reserva en Paraguay y la Argentina, donde estiman que llega más allá de la laguna de Mar Chiquita. También son estimaciones las que entienden que el Guaraní podría llegar, por el sur, hasta los grandes lagos cordilleranos argentinos.
Sus dimensiones son fabulosas: supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntas. Con un volumen de 55 mil kilómetros cúbicos (cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua), y con una explotación adecuada, podría abastecer a unas 720 millones de personas con una dotación diaria de 300 litros por habitante. Hoy suena casi a una película de ciencia ficción.
"El problema no radica en que las reservas de agua sean cada vez menores sino en que su localización y calidad están cambiando", le dijo a Clarín el experto mexicano Gian Carlo Delgado, autor del libro Agua y seguridad nacional (Mondadori). Según Delgado, "por un lado hay un alto índice de contaminación del agua, mientras que por otro, está comenzando una reubicación espacial de las precipitaciones y, así, del agua dulce". Al parecer, las zonas de alta biodiversidad como la que alberga al Acuífero Guaraní verán incrementar o por lo menos conservar los índices de precipitación y, por lo tanto, esas zonas "se perfilan como estratégicas a nivel local, regional y mundial", dice Delgado.
Habría que recordar que de los 1,4 miles de millones de km3 de agua que hay en el planeta, sólo el 2,5% corresponde a agua dulce, el resto es sólo potabilizable con carísimos y complejos procesos de desalinización que muy pocos gobiernos pueden implementar. El monto de agua en el mundo se duplica cada 20 años y son muchas las variables para saber si alcanzará para calmar la sed de todos: crecimiento demográfico, uso indiscriminado en la agricultura y explotación descontrolada de cursos son algunas.
Las estadísticas dicen que el 85% del agua que se usa es acaparado por el 12% de la población. Una vez más, una torta que se reparte de manera desigual aunque en nuestro caso, la naturaleza arroja beneficios de la inequidad. El continente americano, con sólo el 12% de la población, contiene el 47% de las reservas de agua potable del mundo.
Mientras los países europeos padecen falta de agua y desesperan porque apenas 5 de sus 55 ríos no están contaminados, en Sudamérica el problema se presenta con la figura de un fantasma, el de la privatización. Aquí hay agua, se la ve, y si no se la ve es porque está bajo tierra, pero desde que los organismos internacionales determinaron que el agua puede ser una mercancía regida por las leyes de la OMC y no un derecho humano, el tránsito desde su curso a la canilla o la botella tiene color de dólar. Por eso, una fuente como el acuífero, con un volumen anual explotable de 40 a 80 km3 es un extraordinario manantial de riqueza para las empresas del rubro.
Desde noviembre de 2001, el Banco Mundial, a través del GEF (uno de sus brazos, especializado en cuestiones de medio ambiente) financia lo pertinente a investigación y a los trabajos tendientes a lograr el "desarrollo sustentable" del acuífero. Fue cuando los gobiernos que comparten el yacimiento pusieron en manos extra nacionales el estudio de los recursos del recurso, lo que, en función de las miradas más desconfiadas, es como haber servido en bandeja el tesoro. Organismos alemanes, holandeses y programas de la ONU participan del proyecto, que tiene al 2006 como fecha final de los estudios.
"Los organismos internacionales como el Banco Mundial buscan crear en la región del Guaraní una nueva región industrial y competitiva a nivel mundial, sin que les importe resguardar la conservación del acuífero ni los reales intereses de los habitantes de la región (15 millones de personas). Su único objetivo es el desarrollo industrial, lo que aumenta los riesgos de cualquier proceso de privatización", dijo desde Canadá Sara Grusky, de la ONG Water for All.
Mientras por su parte Europa tendría el ojo puesto en términos de negocios (las más grandes empresas vinculadas a la industria del agua son europeas), EE.UU. soporta la virtual desesperación de ver que sus reservas se acaban y se ven ante un horizonte estéril y seco. Según un completísimo informe preparado por la profesora argentina Elsa Bruzzone, del CEMIDA, y basado en trabajos de los canadienses Barlow y Clark (autores del ya famoso A la caza del oro azul), el 40% de los ríos y los lagos de EE.UU. están contaminados, igual que acuíferos como el Ogallala, que se extiende por 8 estados desde Dakota del sur hasta Texas y que en algunas zonas ha disminuido su caudal hasta 30 metros. La sobreexplotación y el uso de agrotóxicos están terminando de matar las aguas. Al norte con Canadá y al sur con México, los cursos compartidos y las legislaciones leídas con intereses propios están derivando en conflictos cuyo tono se eleva cada año que pasa.
Sin ley, no hay defensa posible. En el documento Santa Fe IV, preparado por un influyente grupo del Partido Republicano en 2000, a fines del gobierno de Bill Clinton, se planteaban los principales elementos geo-estratégicos que seguían siendo importantes para la seguridad nacional de EE.UU. en el siglo que se avecinaba. Uno era garantizar "que los países del hemisferio no sean hostiles a nuestras preocupaciones de seguridad nacional".
En estrecho vínculo, había otro punto en el informe de los ex asesores de Reagan y Bush padre, que explica por qué es prioritario que los países que albergan al Guaraní promulguen legislaciones que lo protejan como patrimonio de esas naciones. Decía el escrito que EE.UU. debía asegurarse "que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales".
La reciente visita del jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, a Paraguay y su ánimo de adecuar a los estados de la región para inmunizar a sus soldados volvieron a encender las fantasías de expropiación (Ver pág. 26). Desde el norte, contestan que el verdadero interés de Washington no es el acuífero sino la posible concentración de actividades terroristas en la zona de la llamada Triple Frontera donde, curiosamente, está alojado el Guaraní, que nutre a unas 500 ciudades de agua.
La obsesión del gobierno republicano con el terrorismo es bien conocida. Menos en cambio lo son sus preocupaciones sobre el futuro y el medio ambiente, temas en los que, en general, se han mostrado reacios a colaborar. Pero es imposible no prestarle cierta atención a cuestiones imperiosas. En febrero de 2004, alguien filtró al diario británico The Guardian un informe secreto del consejero del Pentágono Andrew Marshall, que advertía al presidente Bush de los oscuros efectos del calentamiento global en el planeta a corto plazo, entre ellos, la falta de agua potable. Allí se sugería además que EE.UU. debía prepararse para estar en condiciones de apropiarse de este recurso estratégico, allí donde esté, y cuando sea necesario.
A buen entendedor...
UN BIEN ESTRATEGICO: AUN NO HAY LEGISLACION ADECUADA QUE LO PROTEJA
El Acuífero Guaraní: tesoro codiciado en tiempos de sed
Es una de las mayores reservas subterráneas del mundo. Está en una zona estratégica, la Triple Frontera, y lo comparten Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El agua ya es un bien escaso en Europa y EE.UU.
Hinde Pomeraniec.
hpomeraniec@clarin.com
hpomeraniec@clarin.com
No falta tanto para que la riqueza de una civilización se mida en litros. Hace tiempo que se viene divulgando que la escasez de agua será, en un futuro no muy lejano, motivo de guerras y su posesión, el trofeo más preciado. Aquí en el sur, en un espacio compartido por cuatro países, está la perla: el Acuífero Guaraní, conocido hasta ahora como la tercera reserva subterránea de agua dulce del mundo aunque, según las últimas estimaciones, podría ser el mayor curso de agua bajo la tierra. Todas las alertas, aún las más disparatadas, comienzan a dispararse. ¿Los que se están quedando sin nada vendrán por el Guaraní? ¿Pueden llegar a quitarnos el agua por la fuerza?
Extendido entre las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, el Acuífero Guaraní tiene una superficie aproximada de 1.194.000 km2. El 70% le corresponde a Brasil, el 19% a la Argentina; el 6% a Paraguay y el 5% restante a Uruguay. Hasta la fecha, de todos modos, se desconoce su alcance total, al punto que se ignora cuál es el extremo occidental de la reserva en Paraguay y la Argentina, donde estiman que llega más allá de la laguna de Mar Chiquita. También son estimaciones las que entienden que el Guaraní podría llegar, por el sur, hasta los grandes lagos cordilleranos argentinos.
Sus dimensiones son fabulosas: supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntas. Con un volumen de 55 mil kilómetros cúbicos (cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua), y con una explotación adecuada, podría abastecer a unas 720 millones de personas con una dotación diaria de 300 litros por habitante. Hoy suena casi a una película de ciencia ficción.
"El problema no radica en que las reservas de agua sean cada vez menores sino en que su localización y calidad están cambiando", le dijo a Clarín el experto mexicano Gian Carlo Delgado, autor del libro Agua y seguridad nacional (Mondadori). Según Delgado, "por un lado hay un alto índice de contaminación del agua, mientras que por otro, está comenzando una reubicación espacial de las precipitaciones y, así, del agua dulce". Al parecer, las zonas de alta biodiversidad como la que alberga al Acuífero Guaraní verán incrementar o por lo menos conservar los índices de precipitación y, por lo tanto, esas zonas "se perfilan como estratégicas a nivel local, regional y mundial", dice Delgado.
Habría que recordar que de los 1,4 miles de millones de km3 de agua que hay en el planeta, sólo el 2,5% corresponde a agua dulce, el resto es sólo potabilizable con carísimos y complejos procesos de desalinización que muy pocos gobiernos pueden implementar. El monto de agua en el mundo se duplica cada 20 años y son muchas las variables para saber si alcanzará para calmar la sed de todos: crecimiento demográfico, uso indiscriminado en la agricultura y explotación descontrolada de cursos son algunas.
Las estadísticas dicen que el 85% del agua que se usa es acaparado por el 12% de la población. Una vez más, una torta que se reparte de manera desigual aunque en nuestro caso, la naturaleza arroja beneficios de la inequidad. El continente americano, con sólo el 12% de la población, contiene el 47% de las reservas de agua potable del mundo.
Mientras los países europeos padecen falta de agua y desesperan porque apenas 5 de sus 55 ríos no están contaminados, en Sudamérica el problema se presenta con la figura de un fantasma, el de la privatización. Aquí hay agua, se la ve, y si no se la ve es porque está bajo tierra, pero desde que los organismos internacionales determinaron que el agua puede ser una mercancía regida por las leyes de la OMC y no un derecho humano, el tránsito desde su curso a la canilla o la botella tiene color de dólar. Por eso, una fuente como el acuífero, con un volumen anual explotable de 40 a 80 km3 es un extraordinario manantial de riqueza para las empresas del rubro.
Desde noviembre de 2001, el Banco Mundial, a través del GEF (uno de sus brazos, especializado en cuestiones de medio ambiente) financia lo pertinente a investigación y a los trabajos tendientes a lograr el "desarrollo sustentable" del acuífero. Fue cuando los gobiernos que comparten el yacimiento pusieron en manos extra nacionales el estudio de los recursos del recurso, lo que, en función de las miradas más desconfiadas, es como haber servido en bandeja el tesoro. Organismos alemanes, holandeses y programas de la ONU participan del proyecto, que tiene al 2006 como fecha final de los estudios.
"Los organismos internacionales como el Banco Mundial buscan crear en la región del Guaraní una nueva región industrial y competitiva a nivel mundial, sin que les importe resguardar la conservación del acuífero ni los reales intereses de los habitantes de la región (15 millones de personas). Su único objetivo es el desarrollo industrial, lo que aumenta los riesgos de cualquier proceso de privatización", dijo desde Canadá Sara Grusky, de la ONG Water for All.
Mientras por su parte Europa tendría el ojo puesto en términos de negocios (las más grandes empresas vinculadas a la industria del agua son europeas), EE.UU. soporta la virtual desesperación de ver que sus reservas se acaban y se ven ante un horizonte estéril y seco. Según un completísimo informe preparado por la profesora argentina Elsa Bruzzone, del CEMIDA, y basado en trabajos de los canadienses Barlow y Clark (autores del ya famoso A la caza del oro azul), el 40% de los ríos y los lagos de EE.UU. están contaminados, igual que acuíferos como el Ogallala, que se extiende por 8 estados desde Dakota del sur hasta Texas y que en algunas zonas ha disminuido su caudal hasta 30 metros. La sobreexplotación y el uso de agrotóxicos están terminando de matar las aguas. Al norte con Canadá y al sur con México, los cursos compartidos y las legislaciones leídas con intereses propios están derivando en conflictos cuyo tono se eleva cada año que pasa.
Sin ley, no hay defensa posible. En el documento Santa Fe IV, preparado por un influyente grupo del Partido Republicano en 2000, a fines del gobierno de Bill Clinton, se planteaban los principales elementos geo-estratégicos que seguían siendo importantes para la seguridad nacional de EE.UU. en el siglo que se avecinaba. Uno era garantizar "que los países del hemisferio no sean hostiles a nuestras preocupaciones de seguridad nacional".
En estrecho vínculo, había otro punto en el informe de los ex asesores de Reagan y Bush padre, que explica por qué es prioritario que los países que albergan al Guaraní promulguen legislaciones que lo protejan como patrimonio de esas naciones. Decía el escrito que EE.UU. debía asegurarse "que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales".
La reciente visita del jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, a Paraguay y su ánimo de adecuar a los estados de la región para inmunizar a sus soldados volvieron a encender las fantasías de expropiación (Ver pág. 26). Desde el norte, contestan que el verdadero interés de Washington no es el acuífero sino la posible concentración de actividades terroristas en la zona de la llamada Triple Frontera donde, curiosamente, está alojado el Guaraní, que nutre a unas 500 ciudades de agua.
La obsesión del gobierno republicano con el terrorismo es bien conocida. Menos en cambio lo son sus preocupaciones sobre el futuro y el medio ambiente, temas en los que, en general, se han mostrado reacios a colaborar. Pero es imposible no prestarle cierta atención a cuestiones imperiosas. En febrero de 2004, alguien filtró al diario británico The Guardian un informe secreto del consejero del Pentágono Andrew Marshall, que advertía al presidente Bush de los oscuros efectos del calentamiento global en el planeta a corto plazo, entre ellos, la falta de agua potable. Allí se sugería además que EE.UU. debía prepararse para estar en condiciones de apropiarse de este recurso estratégico, allí donde esté, y cuando sea necesario.
A buen entendedor...
las riquezas estan rodeadas
L MUNDO: INTERESES GEOPOLITICOS
Las riquezas están rodeadas
Héctor Pavón. DE LA REDACCION DE CLARIN
Latinoamérica debería tener su futuro asegurado. Al menos así parecieran indicarlo las importantes reservas de petróleo, minerales, agua, energía que bajo sus suelos se refugian. Sin embargo, el contexto en el que vive el "continente olvidado" implica que la explotación sea muy costosa. Y esta situación ya ha sido estudiada minuciosamente por los Estados Unidos desde que se puso en evidencia su inminente escasez de energía.
A esta conclusión llegó Ana Esther Ceceña, investigadora mexicana de la Universidad Autónoma de México al señalar en un mapa de América latina la sugestiva cercanía entre los principales recursos naturales y las bases u oficinas relacionadas con el gobierno de EE.UU.. Las reservas de petróleo de Venezuela, México, Guatemala y Colombia, la gran biodiversidad de Chiapas y el Amazonas; el gas de Bolivia y las reservas de agua dulce en Belice, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina son monitoreados directa o indirectamente por centros policiales, militares, espaciales o de inteligencia de agencias norteamericanas.
En su investigación Ceceña denuncia que el gobierno norteamericano planea ejecutar presuntos programas de desarrollo e inversiones, al estilo Plan Puebla-Panamá, con los que se ofrece resolver el problema de la pobreza y desarrollar zonas atrasadas de América latina. "Pero que en realidad —observa la investigadora—, están diseñados para ocultar lo que pretenden realmente". En la investigación también se presenta al Plan Colombia como una excusa para la protección del petróleo colombiano que sale hacia el norte. En la mira también está Chiapas. Allí, cerca del área administrada por los zapatistas existe un proyecto de bioprospección en el que está involucrado el gobierno de Estados Unidos, a través del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), un consorcio de agendas federales que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Este consorcio financia investigaciones en México, Perú, Chile, Suriname, Argentina, Panamá y Costa Rica, además de Madagascar, Nigeria, Camerún, Vietnam y Laos. Ceceña aclara que entre los beneficiarios de estas investigaciones no parecen estar las poblaciones locales ni los países que las albergan, sino algunas de las mayores transnacionales de la farmacéutica mundial y de la ingeniería genética.
Michael Klare, investigador de Hampshire College, sostiene que Estados Unidos afronta en el corto plazo el problema de la falta de petróleo, carbón y energía eléctrica para los próximos 20 años. Si bien elevará su capacidad de producción, también aumentará el consumo interno y el país dependerá cada vez más de las importaciones de estas materias primas. Hoy recibe alrededor del 53 por ciento de sus requerimientos energéticos de fuentes extranjeras, y para 2020 se prevé que esa cifra se elevará a 62 por ciento. Este es el origen del Plan Energético de la Administración Bush que prevé un incremento notable en las importaciones de petróleo. En este caso en particular Bush está interesado tanto en los pozos de Oriente Medio, como en los de Venezuela, Brasil, México y Colombia. El país gobernado por Chávez es el tercer vendedor de Estados Unidos y, al igual que México, ha puesto sus reservas bajo control estatal y estableció fuertes barreras legales y constitucionales. Klare, autor del libro Resources Wars (La guerra por los recursos) le dijo a Zona que Estados Unidos tiene muchos intereses en la región: el mantenimiento de la estabilidad política para que sus inversiones prosperen, el desarrollo económico, el combate al tráfico ilegal de drogas y las reservas de petróleo. "El último punto cobró mucha significación en los últimos años bajo el plan enérgetico de Bush". Klare cree que sin importar lo que pase en Oriente Medio, EE.UU. buscará más petróleo en Latinoamérica porque, es su política diversificar tanto como pueda las fuentes de extracción de energía. "EE.UU, necesita más petróleo en la medida que sus fuentes locales disminuyan, entonces buscará petróleo tanto en los pozos de Latinoamérica como en los del resto del mundo".
Las riquezas están rodeadas
Héctor Pavón. DE LA REDACCION DE CLARIN
Latinoamérica debería tener su futuro asegurado. Al menos así parecieran indicarlo las importantes reservas de petróleo, minerales, agua, energía que bajo sus suelos se refugian. Sin embargo, el contexto en el que vive el "continente olvidado" implica que la explotación sea muy costosa. Y esta situación ya ha sido estudiada minuciosamente por los Estados Unidos desde que se puso en evidencia su inminente escasez de energía.
A esta conclusión llegó Ana Esther Ceceña, investigadora mexicana de la Universidad Autónoma de México al señalar en un mapa de América latina la sugestiva cercanía entre los principales recursos naturales y las bases u oficinas relacionadas con el gobierno de EE.UU.. Las reservas de petróleo de Venezuela, México, Guatemala y Colombia, la gran biodiversidad de Chiapas y el Amazonas; el gas de Bolivia y las reservas de agua dulce en Belice, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina son monitoreados directa o indirectamente por centros policiales, militares, espaciales o de inteligencia de agencias norteamericanas.
En su investigación Ceceña denuncia que el gobierno norteamericano planea ejecutar presuntos programas de desarrollo e inversiones, al estilo Plan Puebla-Panamá, con los que se ofrece resolver el problema de la pobreza y desarrollar zonas atrasadas de América latina. "Pero que en realidad —observa la investigadora—, están diseñados para ocultar lo que pretenden realmente". En la investigación también se presenta al Plan Colombia como una excusa para la protección del petróleo colombiano que sale hacia el norte. En la mira también está Chiapas. Allí, cerca del área administrada por los zapatistas existe un proyecto de bioprospección en el que está involucrado el gobierno de Estados Unidos, a través del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), un consorcio de agendas federales que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Este consorcio financia investigaciones en México, Perú, Chile, Suriname, Argentina, Panamá y Costa Rica, además de Madagascar, Nigeria, Camerún, Vietnam y Laos. Ceceña aclara que entre los beneficiarios de estas investigaciones no parecen estar las poblaciones locales ni los países que las albergan, sino algunas de las mayores transnacionales de la farmacéutica mundial y de la ingeniería genética.
Michael Klare, investigador de Hampshire College, sostiene que Estados Unidos afronta en el corto plazo el problema de la falta de petróleo, carbón y energía eléctrica para los próximos 20 años. Si bien elevará su capacidad de producción, también aumentará el consumo interno y el país dependerá cada vez más de las importaciones de estas materias primas. Hoy recibe alrededor del 53 por ciento de sus requerimientos energéticos de fuentes extranjeras, y para 2020 se prevé que esa cifra se elevará a 62 por ciento. Este es el origen del Plan Energético de la Administración Bush que prevé un incremento notable en las importaciones de petróleo. En este caso en particular Bush está interesado tanto en los pozos de Oriente Medio, como en los de Venezuela, Brasil, México y Colombia. El país gobernado por Chávez es el tercer vendedor de Estados Unidos y, al igual que México, ha puesto sus reservas bajo control estatal y estableció fuertes barreras legales y constitucionales. Klare, autor del libro Resources Wars (La guerra por los recursos) le dijo a Zona que Estados Unidos tiene muchos intereses en la región: el mantenimiento de la estabilidad política para que sus inversiones prosperen, el desarrollo económico, el combate al tráfico ilegal de drogas y las reservas de petróleo. "El último punto cobró mucha significación en los últimos años bajo el plan enérgetico de Bush". Klare cree que sin importar lo que pase en Oriente Medio, EE.UU. buscará más petróleo en Latinoamérica porque, es su política diversificar tanto como pueda las fuentes de extracción de energía. "EE.UU, necesita más petróleo en la medida que sus fuentes locales disminuyan, entonces buscará petróleo tanto en los pozos de Latinoamérica como en los del resto del mundo".
quieren nuestros recursos si o si
QUIEREN NUESTROS RECURSOS...
POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS
Por Descartes
Conversaba con uno de los dirigentes diplomáticos que actuaron en el Congreso de Estocolmo, que se reunió para la defensa ecológica de la Tierra; porque el hombre ha comenzado a pensar que está despilfarrando los medios naturales que no son infinitos, desgraciadamente, y que un día va a llegar en que se va a quedar sin tierra, sin agua y sin aire, y entonces sí que la va a pasar canuta, como dicen los gallegos. Indudablemente, este proceso el hombre ha comenzado a verlo. Y yo conversaba con ese señor, un hombre de gran ilustración, de gran capacidad y sobre todo de grandes conocimientos. Le preguntaba qué sacaron en limpio de esa reunión, y me contestó: “Extraordinario. En primer lugar, allí no se habló de los países, se habló de la Tierra. Segundo, nos dimos cuenta de que el mundo marcha hacia la universalización o hacia la hecatombe: segunda enseñanza. Y tercera, nos dimos cuenta de lo estúpidos que han sido los hombres que durante siglos han muerto por millones, defendiendo unas fronteras que solo estaban en su imaginación”.
Frente a este imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizás antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir, indefectiblemente, la integración universal. Es decir que los hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros.
Además de eso, será necesario llegar a la solución del problema de la superpoblación. En la Tierra ya ha habido superpoblación; eso se ha producido en algunas regiones, ya que obedece no sólo al número de habitantes, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia.
Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas: una es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo cual se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia.
Si el hombre, en lo que resta hasta el año 2000 y comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se han decidido por el destructivo.
Compañeros: estas son cosas tan claras que no es necesario ser científico ni estar muy bien informado para comprenderlas. Basta oírlas y conocerlas. Son cosas evidentes, como es evidente la verdad que habla sin artificios.
Si ése es el problema, la universalización de la Tierra será el mejor camino para la solución geopolítica. Es decir, para resolver el problema con una mejor producción, mejor organizada y mejor distribuida, tanto de la comida como de la materia prima, que van a ser las dos necesidades prioritarias en ese futuro ya casi inmediato.
Si eso ha de hacerse, no se hará por sí solo, porque estas cosas solas no se pueden realizar. Tendrán que ser realizadas por las grandes fuerzas que orientan y manejan la transformación de la humanidad.
En este momento serían: el imperialismo yanqui, o el imperialismo soviético, o un tercer mundo. Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, la haría para su provecho, y no en provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso, ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse.
Hace ya casi treinta años, nosotros, desde aquí, lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío, porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para bollos. Se rieron de nosotros. Pero han pasado veintisiete años desde entonces, y hoy las tres cuartas partes del mundo pujan por estar en ese tercer mundo.
Estos son, compañeros, los grandes problemas. Los pequeños problemas políticos en los cuales hemos estado empeñados hasta ahora los argentinos, frente a estas acechanzas del futuro inmediato ¿qué importancia pueden tener? Son asuntos pequeños y gallináceos, diríamos así, que andan a ras del suelo. Es necesario pensar ya en grande, para el mundo, dentro del cual nosotros realizaremos nuestro destino o sucumbiremos en la misma adversidad en que sucumban los demás.
Hoy es necesario pensar de otra manera. Ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos en que todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para asociarla a la de los demás. Hoy eso es indispensable, porque en un mundo que no se realice, no habrá país que pueda hacerlo, y dentro de esos países que no se realicen, no habrá individuos que puedan lograrlo.
Trabajar hoy por la felicidad del hermano vecino es trabajar también por la felicidad de todos los demás.
Pienso yo que ése es el camino de nuestra revolución. Si nosotros entendemos eso, no habrá otra revolución que pueda estar sobre los objetivos de la que nosotros defendemos, integrándonos en el continente latinoamericano, que es el último que va quedando por integrarse. Todos los demás lo han hecho. Europa se ha integrado ya casi en una asociación confederativa política para defenderse de las acechanzas de ese futuro, que ellos ven con una tremenda claridad. Se está integrando Asia, como se está integrando África. Y nosotros vamos resultando el último orejón del tarro.
Ése es el empeño que debemos poner, en eso estamos. En 1948 realizamos un tratado de complementación económica en Chile, buscando crear la comunidad económica latinoamericana, que pusiera en paralelo nuestros intereses y uniera nuestros países. Tuvimos mucho éxito inicialmente; casi todos los países latinoamericanos, excepto los cipayos conocidos, se unieron y adhirieron a ese tratado de complementación económica.
Fíjense que lo hicimos en 1948, y en esto los apresurados fuimos nosotros, porque Europa lo hace después, en 1958, en el Tratado de Roma, diez años después que nosotros. Y ahora nosotros estamos veinte años más atrás que ellos.
indudablemente, nosotros caímos bajo la férula del imperialismo yanqui, que no permitió a estos países unirse, y que ha estado luchando siempre por separarlos y enfrentarlos entre sí, a fin de que esa unidad no se produzca.
¿Por qué lo han hecho? Muy simplemente, porque ellos se están quedando sin materias primas y están queriendo conservar como países satélites a aquellos que tengan las grandes reservas de comida y materias primas para esa superpoblación que está ya a 25 ó 30 años de distancia. Ellos querrán que después nosotros trabajemos para darles a ellos de comer y para darles nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque los países superdesarrollados son los pobres del futuro, y los países infradesarrollados serán los ricos del futuro, que tendrán la materia prima y la comida suficiente.
Ahora bien, ésa es nuestra esperanza, pero también es nuestro peligro, porque la historia prueba que cuando los grandes y los fuertes han necesitado ambas cosas, salieron a buscarlas donde estén, por las buenas o por las malas.
Por eso dije yo, hace ya veinticinco años, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y cada día que pasa se comprueba más esto.
Hace pocos días, en Medio Oriente amenazaron a Estados Unidos con cerrarle el grifo del petróleo. El petróleo que produce Medio Oriente es el 80 % del petróleo del mundo, de manera que si ellos cierran la canilla, la industria norteamericana, que está toda montada sobre energía basada en petróleo, tendrá un sacudón muy fuerte.
¿Cómo contestó Estados Unidos? El Senado de Estados Unidos contestó que si eso hacían los árabes, Estados Unidos ocuparía el Medio Oriente. Eso lo van a hacer; pero no sólo con los árabes: ¡lo van a hacer también con nosotros el día en que necesiten y no tengan!
30 de julio 1973
POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS
Por Descartes
Conversaba con uno de los dirigentes diplomáticos que actuaron en el Congreso de Estocolmo, que se reunió para la defensa ecológica de la Tierra; porque el hombre ha comenzado a pensar que está despilfarrando los medios naturales que no son infinitos, desgraciadamente, y que un día va a llegar en que se va a quedar sin tierra, sin agua y sin aire, y entonces sí que la va a pasar canuta, como dicen los gallegos. Indudablemente, este proceso el hombre ha comenzado a verlo. Y yo conversaba con ese señor, un hombre de gran ilustración, de gran capacidad y sobre todo de grandes conocimientos. Le preguntaba qué sacaron en limpio de esa reunión, y me contestó: “Extraordinario. En primer lugar, allí no se habló de los países, se habló de la Tierra. Segundo, nos dimos cuenta de que el mundo marcha hacia la universalización o hacia la hecatombe: segunda enseñanza. Y tercera, nos dimos cuenta de lo estúpidos que han sido los hombres que durante siglos han muerto por millones, defendiendo unas fronteras que solo estaban en su imaginación”.
Frente a este imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizás antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir, indefectiblemente, la integración universal. Es decir que los hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros.
Además de eso, será necesario llegar a la solución del problema de la superpoblación. En la Tierra ya ha habido superpoblación; eso se ha producido en algunas regiones, ya que obedece no sólo al número de habitantes, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia.
Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas: una es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo cual se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia.
Si el hombre, en lo que resta hasta el año 2000 y comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se han decidido por el destructivo.
Compañeros: estas son cosas tan claras que no es necesario ser científico ni estar muy bien informado para comprenderlas. Basta oírlas y conocerlas. Son cosas evidentes, como es evidente la verdad que habla sin artificios.
Si ése es el problema, la universalización de la Tierra será el mejor camino para la solución geopolítica. Es decir, para resolver el problema con una mejor producción, mejor organizada y mejor distribuida, tanto de la comida como de la materia prima, que van a ser las dos necesidades prioritarias en ese futuro ya casi inmediato.
Si eso ha de hacerse, no se hará por sí solo, porque estas cosas solas no se pueden realizar. Tendrán que ser realizadas por las grandes fuerzas que orientan y manejan la transformación de la humanidad.
En este momento serían: el imperialismo yanqui, o el imperialismo soviético, o un tercer mundo. Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, la haría para su provecho, y no en provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso, ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse.
Hace ya casi treinta años, nosotros, desde aquí, lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío, porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para bollos. Se rieron de nosotros. Pero han pasado veintisiete años desde entonces, y hoy las tres cuartas partes del mundo pujan por estar en ese tercer mundo.
Estos son, compañeros, los grandes problemas. Los pequeños problemas políticos en los cuales hemos estado empeñados hasta ahora los argentinos, frente a estas acechanzas del futuro inmediato ¿qué importancia pueden tener? Son asuntos pequeños y gallináceos, diríamos así, que andan a ras del suelo. Es necesario pensar ya en grande, para el mundo, dentro del cual nosotros realizaremos nuestro destino o sucumbiremos en la misma adversidad en que sucumban los demás.
Hoy es necesario pensar de otra manera. Ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos en que todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para asociarla a la de los demás. Hoy eso es indispensable, porque en un mundo que no se realice, no habrá país que pueda hacerlo, y dentro de esos países que no se realicen, no habrá individuos que puedan lograrlo.
Trabajar hoy por la felicidad del hermano vecino es trabajar también por la felicidad de todos los demás.
Pienso yo que ése es el camino de nuestra revolución. Si nosotros entendemos eso, no habrá otra revolución que pueda estar sobre los objetivos de la que nosotros defendemos, integrándonos en el continente latinoamericano, que es el último que va quedando por integrarse. Todos los demás lo han hecho. Europa se ha integrado ya casi en una asociación confederativa política para defenderse de las acechanzas de ese futuro, que ellos ven con una tremenda claridad. Se está integrando Asia, como se está integrando África. Y nosotros vamos resultando el último orejón del tarro.
Ése es el empeño que debemos poner, en eso estamos. En 1948 realizamos un tratado de complementación económica en Chile, buscando crear la comunidad económica latinoamericana, que pusiera en paralelo nuestros intereses y uniera nuestros países. Tuvimos mucho éxito inicialmente; casi todos los países latinoamericanos, excepto los cipayos conocidos, se unieron y adhirieron a ese tratado de complementación económica.
Fíjense que lo hicimos en 1948, y en esto los apresurados fuimos nosotros, porque Europa lo hace después, en 1958, en el Tratado de Roma, diez años después que nosotros. Y ahora nosotros estamos veinte años más atrás que ellos.
indudablemente, nosotros caímos bajo la férula del imperialismo yanqui, que no permitió a estos países unirse, y que ha estado luchando siempre por separarlos y enfrentarlos entre sí, a fin de que esa unidad no se produzca.
¿Por qué lo han hecho? Muy simplemente, porque ellos se están quedando sin materias primas y están queriendo conservar como países satélites a aquellos que tengan las grandes reservas de comida y materias primas para esa superpoblación que está ya a 25 ó 30 años de distancia. Ellos querrán que después nosotros trabajemos para darles a ellos de comer y para darles nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque los países superdesarrollados son los pobres del futuro, y los países infradesarrollados serán los ricos del futuro, que tendrán la materia prima y la comida suficiente.
Ahora bien, ésa es nuestra esperanza, pero también es nuestro peligro, porque la historia prueba que cuando los grandes y los fuertes han necesitado ambas cosas, salieron a buscarlas donde estén, por las buenas o por las malas.
Por eso dije yo, hace ya veinticinco años, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y cada día que pasa se comprueba más esto.
Hace pocos días, en Medio Oriente amenazaron a Estados Unidos con cerrarle el grifo del petróleo. El petróleo que produce Medio Oriente es el 80 % del petróleo del mundo, de manera que si ellos cierran la canilla, la industria norteamericana, que está toda montada sobre energía basada en petróleo, tendrá un sacudón muy fuerte.
¿Cómo contestó Estados Unidos? El Senado de Estados Unidos contestó que si eso hacían los árabes, Estados Unidos ocuparía el Medio Oriente. Eso lo van a hacer; pero no sólo con los árabes: ¡lo van a hacer también con nosotros el día en que necesiten y no tengan!
30 de julio 1973
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